Los senadores recortaron G. 120.000 millones del presupuesto de Petróleos Paraguayos (Petropar), que serían destinados para la compra de inmuebles y la explotación de estaciones de servicio. Los propulsores fueron los senadores Desirée Masi y Carlos Amarrilla, quien esgrimieron que el ente estatal debe servir para el control de la buena provisión de combustible a la ciudadanía y no dedicarse al negocio de la venta del mismo, porque sería “una competencia desleal”.

La propia legisladora Blanca Lila Mignarro, quien es presidenta de la Comisión del Senado y proviene del sector empresarial ligado a las gasolineras, propuso aceptar el rubro tal cual al exponer por qué era importante ese presupuesto, sin embargo, no prosperó esto.

El titular de Petropar, Eddie Jara, dijo que pese a la decisión del Senado seguirán con el modelo de negocio de aliarse con el sector privado (el cual hasta fin de año estará invirtiendo US$ 34 millones), de modo a tener las estaciones de servicios y que además trabajarán para mantener los precios bajos de sus combustibles. “Estamos haciendo una gestión bien transparente y profesional para no subir los precios, pese a la situación internacional con el encarecimiento del petróleo”, refirió.

Sin embargo, criticó el argumento de los legisladores, de que Petropar no necesitaba ese dinero para comprar o construir más locales propios. “Es lo contrario a lo que dicen, están restando competitividad estatal, llama la atención esto. Incluso con la intervención de Blanca Lila, quien conoce el negocio porque está en el rubro, los senadores sin hablar con nosotros recortan”, dijo.

Jara indicó que el margen como distribuidor y como operador no es el mismo, por lo que siempre es necesario estar en toda la cadena de distribución del combustible. “Petropar necesita esto por competitividad, entonces los senadores perjudican la combatividad de Petropar con el recorte, y benefician al sector privado, saliendo a favor de las principales distribuidoras del mercado. Llama mucho la atención eso”, mencionó.

En entrevista con HOY, detalló que la empresa estatal tiene poca presencia en Asunción, con dos estaciones, siendo que en la capital y en Central se concentra el consumo de los usuarios. Entonces se hace difícil la competencia con las demás empresas al tener pocos locales. Y calculó que con el recorte se podrían ubicar 4 a 5 estaciones en Asunción, aunque aclaró que era presunción porque no podía develar cuáles son los proyectos que no se podrán concretar el año que viene.

El fin de Petropar, de acuerdo con el entrevistado, es el de proporcionar una cobertura de red con el mejor precio del mercado. Sin embargo, con el recorte se perjudica a la ciudadanía, la cual no tendrá más opciones y deberá pagar más en otro emblema cercano a donde se encuentra.

La gente se perjudica porque no podrá tener más opciones pero termina pagando más en otro emblema.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.