La Cámara Alta analizó en sesión ordinaria el proyecto que sancionaba con hasta seis años de cárcel los cierres de rutas y calles. Durante el tratamiento, su proyectista Enrique Riera dijo que la propuesta legislativa sí estaba acorde a lo establecido en normas internacionales y pidió el acompañamiento de sus colegas.

Sin embargo, senadores como Hugo Richer y Desirée Masi solicitaron enviar al archivo, al argumentar que se pretendía retornar a una era stronista con este tipo de planteamientos que atentarían contra la libertad de manifestarse.

Si bien se intentó aplazar el tratamiento de la propuesta, que contaba con el dictamen de rechazo de las comisiones de Legislación y de DD.HH., finalmente fue analizada en la plenaria y luego 26 senadores votaron por el rechazo y 13 por la aprobación del documento.

De esta manera, el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 216 de la Ley 1160/1997 Código Penal” fue enviado al archivo.

La idea de presentar esta propuesta surgió durante la Semana Santa, cuando Riera escuchó decir a una fiscal que no tenía elementos para accionar contra un líder camionero que encabezaba un cierre de ruta.

Ante la duda, Riera consultó con penalistas, quienes les confirmaron que si bien hay otras descripciones, el bloqueo de ruta como tal no figura como delito y por ende se requiere que el fiscal se rebusque en conductas descritas dentro del Código, que configuren el cierre.

Su propuesta rezaba de la siguiente manera: El que produjere un obstáculo, cerrare, obstruyere, o demorare de cualquier manera la libre circulación de personas y bienes por las rutas nacionales o internacionales o cualquier otra vía pública de tránsito (calles, callejones o caminos vecinales) dentro del territorio nacional, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años.

Los camioneros habían mencionado que iban a seguir con su paro hasta que se rechace el proyecto Riera, por lo que festejaron la decisión de los parlamentarios de la Cámara Alta.

Así votaron los senadores.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.