El Senado dará entrada oficial los libelos acusatorios de Velázquez y Torreblanca, procedente de la Cámara de Diputados, para darle así prontitud al tratamiento del tema. La plenaria decidirá si lo remite a la Comisión de Asuntos Constitucionales para un dictamen o si decide un tratamiento sobre tablas.

Cabe recordar que la Cámara Alta tiene aprobar un reglamento especial para este caso y definir las fechas en las que llevarán a cabo las audiencias. Los diputados designados como fiscales deberán acudir ante el pleno para fundamentar su acusación y, asimismo, los acusados, contralor y subcontralora, tendrán la oportunidad de ejercer su defensa, en forma personal o a través de uno o más abogados que designen.

Finalmente, los senadores deberán votar en forma nominal a favor o en contra de la destitución de los funcionarios. Para confirmar la destitución son necesarios dos tercios de los componentes de los integrantes, es decir, 30 votos. Aparentemente existiría una amplia mayoría para “rajar” a los funcionarios.

Pero este no será el único punto a ser abordado por los legisladores. El voto censura al ministro del Interior, Francisco De Vargas, también figura como tema importante. Liberales y disidentes coinciden que De Vargas es responsable de las últimas muertes ocurridas en el norte y atribuidas al EPP.

El senador Miguel Abdón Saguier (PLRA) confirmó a radio UNO que su sector acompañará el voto castigo al ministro del Interior. “Hay que destituirle y cambiar el plan de seguridad en la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo”, sostuvo el titular del Partido Liberal.

A criterio Saguier no hay voluntad del Gobierno para erradicar al grupo terrorista, que según el propio presidente Horacio Cartes, opera aliado con poderosos narcotraficantes. “Es un fracaso total esta lucha contra el EPP, el señor Cartes en porte de bravucón dijo que el EPP no le marcaría la agenda, sin embargo, lo está haciendo. En dos años tenemos más víctimas que en años anteriores”, sentenció.

Consultado si votaría por dotar de más dinero a la Fuerza de Tarea Conjunta dijo que “lo tendría que pensar muy bien, atendiendo todo lo que ya se les proporcionó en recursos financieros pero sigue igual”.

Por su parte el liberal disidente Carlos Amarilla indicó a la misma emisora que la multibanda (AP, FG, PDP, PEN), grupo del cual es integrante, se reunirá una hora antes de la sesión para tener una posición en bloque respecto al voto censura a De Vargas.

“Yo no tengo aun mi postura definida, me pasé las últimas 48 horas reflexionando con un grupo de amigos sobre el tema y a la tarde creo que voy a cerrar el análisis. No podemos tomar decisión en el fragor de las reacciones ante un evento, que desde luego lamentamos mucho, pero tenemos que ver”, concluyó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.