Miembros de 60 organizaciones medioambientalistas se citaron este jueves frente al Congreso para pedir a los legisladores la ampliación de la conocida como Ley de Deforestación Cero para la región Oriental del país, próxima a expirar tras haberse aprobado en el pasado por un plazo de diez años. La Ley de Deforestación Cero prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la región Oriental por ese periodo.

La Cámara de Diputados planteó el miércoles que la extensión fuera por tres años y no por otra década, por lo que tras lo decidido en el Senado, el proyecto de ley nuevamente vuelve a la Cámara Baja.

No obstante, ese plazo de 10 años les sigue pareciendo insuficiente a los activistas, que desean que la ley ofrezca una protección “permanente”, dijo a Efe el director de Cambio Climático y Políticas de WWF Paraguay, Óscar Rodas.

“La pérdida de cobertura de bosque nativo en la región Oriental es bastante grande y con la pérdida de ecosistema que se viene dando en nuestras reservas de bosques nativo el futuro de estos bosques es incierto si no se toman medidas bastante fuertes en protección de los bosques”, agregó.

Rodas reconoció que en este tiempo la aplicación de la ley fue “efectiva”, pero aún así solo quedan dos millones de hectáreas de bosque en la región Oriental, frente a los 9 millones de hectáreas iniciales.

El responsable de WWF recordó que en el país también existe “debilidad institucional” para garantizar el control y el cumplimiento de las leyes ambientales, por lo que instó a “construir un esquema de incentivos para la protección de los bosques”.

La ampliación de la ley de Deforestación Cero en la región Oriental no solo pretende conservar el medio ambiente, sino que también puede repercutir en la vida de los pueblos indígenas de la zona.

Desde la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), también reivindicaron la extensión de la ley que para ellos no representa únicamente la defensa de ecosistemas. “También una propuesta de lucha contra el cambio climático y la vida de los pueblos que necesitan sus bosques para una vida digna, para su vida espiritual y cultural”, dijo a Efe la abogada de la FAPI, Mirtha Pereira.

Pereira lamentó que, a pesar de la vigencia de la ley, muchos pueblos indígenas vieron arrasados sus territorios y tuvieron problemas por las actividades ilegales, como el narcotráfico, que se realizan en los bosques.

Víctor Ibarrola, director Ejecutivo de la ONG A Todo Pulmón Paraguay Respira, señaló lo siguiente: “Es un paso muy importante la aprobación en Senadores, y que haya sido por amplia mayoría, pero ahora la pelota está en el campo de la Cámara de Diputados, esperamos que también voten a conciencia y así se amplíe la ley por 10 años más. La gran degradación que sufrieron nuestros bosques requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo para recomponerse. Ahora la urgencia es la ratificación de Diputados y luego seguir trabajando entre las más de 60 organizaciones ambientales y las instituciones del gobierno para que se cumpla la Ley y desarrollar estrategias más efectivas para proteger los bosques, generar mayores incentivos para las empresas y familias que están protegiendo los remanentes boscosos y hacer cumplir la ley con penas severas para las personas inconscientes que siguen deforestando los bosques”.

Con información de EFE.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.