Ante el desentendimiento en la provisión de los datos, la solicitud fue reiterada el 17 de octubre pasado, en un momento de mucho debate e interés en la transparen­cia del uso de los recursos con el objetivo de asegurar el manejo responsable de los mismos, según se consigna en la nota firmada por los senadores Antonio Barrios, Gustavo Leite, Zenaida Del­gado, Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Gala­verna, entre otros.

“Dicho pedido se encuen­tra en concordancia con los principios de transparencia y rendición de cuentas esta­blecidos en el propio conve­nio”, remarca la nota reite­rada por los legisladores el 17 de octubre pasado ante la ambigua respuesta recibida por parte de la OEI en la que básicamente se describe las bondades técnicas del pro­yecto, “el cumplimiento de los compromisos de rendi­ción de cuentas y presen­tación de documentos” por parte de la organización, eludiendo olímpicamente los números concernientes al uso de la donación de unos 38 millones de euros, de los que cuales se transfirieron 7 millones de euros.

Ayer, en medio de una sesión caldeada precisamente por caso de ONG que se involu­cran en el Estado y tienen dudoso manejo de fondos y ante la no provisión de los detalles de gastos, se remi­tió una tercera nota para ambas organizaciones eje­cutoras de los fondos prove­nientes de la UE. Los sena­dores Líder Amarilla, Carlos Núñez, Natalicio Chase, José Oviedo, Yolanda Pare­des, Basilio Núñez, Anto­nio Barrios, Gustavo Leite, Rubén Valdez, Juan Carlos “Nano” Galaverna, firmaron el documento.

El pedido de los senadores refiere un informe corres­pondiente a la “lista por­menorizada de todos los profesionales, técnicos, especialistas o personal de cualquier índole, nacionales e internacionales que fueron contratados para actividades relacionadas con dicha dona­ción o que hayan sido remu­nerados con fondos de dicha donación, con el detalle del monto respectivo pagado a los mismos, así como las fun­ciones que les fueron encar­gadas, con los respectivos documentos respaldatorios”.

Mismo requerimiento por­menorizado se hizo con rela­ción a la prestación de ser­vicios, de empresas y ONG, incluida la organización Jun­tos por la Educación que fue­ran contratadas en el marco del acuerdo. La información solicitada abarca todos los periodos de ejecución de los fondos provenientes de la donación de la UE.

No hay que olvidar que la ejecución de estos recursos generan muchas especula­ciones, principalmente sobre las facturaciones detrás, quiénes son estos prestado­res servicios que en todo este tiempo viene siendo un ver­dadero misterio. En este sen­tido, la provisión de informa­ción sobre el uso de los fondos donados puede resultar tras­cendental para conocer los pormenores de las ejecucio­nes y el verdadero impacto, es decir, si son los niños los principales beneficiarios o los terceros que giran en torno al proyecto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.