• POR CÉSAR LARRÉ
• cesar.larre@gruponacion.com.py

Hasta el 26 de diciembre del 2018, el Senepa confirmaba vía Ley de Transparencia que con­taba con 5.599 litros de mala­tión, apenas 82 litros de clor­pirifós, 29 litros de permetrina y 15.751 litros de lambdacialo­trina, este último insecticida utilizado comúnmente para el control de vectores de la enfermedad de Chagas, según expertos del rubro.

Lo que se tiene en stock y en suficiencia es el malatión, pues recordemos que en diciembre se recibieron de Brasil como donación 18 mil litros del insecticida. Resulta que este producto venció el 19 de agosto pasado, según planillas oficia­les a las que tuvo acceso este diario.

El movimiento semanal del Senepa revela que hasta el 2 de setiembre se tenían 12.806 litros de malatión distribui­dos en varios departamentos del país y al 9 de setiembre 11.601 litros, lo que da cuenta del uso del insecticida luego de su fecha de vencimiento.

Es más, los insecticidas estu­vieron guardados en un depó­sito del Senepa por más de cuatro meses, sin uso, por el mal estado en que se encontraban. El estado físico del veneno pro­veniente de Brasil era pastoso y heterogéneo, cuando en con­diciones normales debería ser líquido y homogéneo.

Para poder utilizarlo se tuvo que realizar todo un proceso de homogeneización y fraccio­namiento, cuyo costo guardan en secreto en el Senepa pese a las insistentes consultas sobre el caso.

Según los papeles, el malatión no es el único insecticida que se utilizó después de su fecha de vencimiento; en planillas de setiembre también figu­ran clorpirifós vencidos en marzo pasado y piriproxifen en agosto, que son los otros uti­lizados para fumigación anti­dengue.

Según entendidos en la mate­ria, la destrucción de insecti­cidas vencidos, considerados “basuras tóxicas”, representa un costo bastante elevado, inclusive mayor al valor de la adquisición.

El pasado 9 de setiembre, el ministro de Salud, Julio Maz­zoleni, por resolución Nº 428 denominó a setiembre como “mes contra los vectores”, y en la misma declaró de inte­rés para la salud pública la “semana de acción contra los mosquitos”, promocionada a nivel regional por la Organi­zación Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La titular del Senepa, María Teresa Barán, cortó comu­nicación con este diario tras publicarse que en varios departamentos del país se estaba utilizando el insecti­cida malatión vencido. Antes dijo que la instrucción era que el producto sea utilizado hasta el 30 de agosto y ade­más anunció la investigación del caso.

“(…) Nosotros bajamos la línea de que hasta el 30 de agosto se usaba y lo que no se usaba, ya se dejaba sin efecto para proceder después a la destrucción”, había dicho.

USO APRESURADO

Solo en las dos últimas pla­nillas correspondientes a la primera semana de setiem­bre aparece que se utilizaron 1.231 litros de malatión. Al 2 de setiembre se tenían 12.806 litros de malatión distribuidos y al 9 de setiembre 11.601 litros.

Como ejemplo tenemos el caso de Caaguazú, donde al 2 de setiembre se tenían 270 litros de malatión y al 9 de setiembre solo 20 litros.

Otro es el caso del Alto Paraná, donde al 2 de setiem­bre se tenían 800 litros del veneno y al 9 de setiembre apenas 253 litros.

Recordemos que este pro­ducto vino como donación de la OPS.

­ENCARGADA DE SUMINISTRO VACACIONA EN CANCÚN

Mientras existe preocupación de la ciudadanía por los insectici­das vencidos, considerados “basuras tóxicas”, que se encuentran distribuidos en varios departamentos del país, la responsable del suministro y manejo de stock de insecticidas vacaciona en las paradisiacas playas de Cancún (México).

Se trata de la encargada de suministros del Senepa, Fátima Agüero, quien se llamó a silencio tras las publicaciones de este diario.

En su perfil de la red social Facebook aparece haciendo gala de su estadía en Cancún, mientras está en el ojo de la tormenta tras ser sindicada como una de las que distribuyó los insecticidas a sabiendas de sus fechas de vencimiento.

Nadie del Senepa salió a explicar qué se hará con los insecticidas vencidos dispersos en varios puntos del país. También intenta­mos comunicarnos con el asesor técnico de la institución, Édgar Sanabria, otro de los que están en la mira, pero no contestó las llamadas ni los mensajes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.