El Banco Central del Paraguay publicó un reglamento para el cobro de comisiones que baja de 400 recargos, según lo que manejaba la Dirección de Defensa al Consumidor de la entidad, a unos 56 puntos.

En su documento, el BCP reconoció la falta de un mecanismo para garantizar la transparencia entre las relaciones de clientes y entidades financieras. En ese sentido, señaló que es conveniente concentrar y sistematizar en un solo texto la normativa básica de transparencia referente al cobro de comisiones, gastos y penalidades por parte de las empresas.

Con esta disposición, las entidades tendrán un plazo de sesenta días para adecuar todas las categorías y denominaciones detalladas en su anexo, y para implementar todos los aspectos operacionales de acuerdo al reglamento.

SECTOR PRIVADO APLAUDE

Gustavo Cartes, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), señaló que la iniciativa posibilitó que se abra el debate y se unifiquen los criterios en el mercado.

Expresó a La Nación que “los bancos tenían varios nombres para los mismos tipos de comisiones, por lo que ahora se unificó para dar mejor información a la ciudadanía y organizar el mercado”.

Cartes estimó que unas 140 comisiones eran las que se cobraban en todos los bancos, no así los 400 puntos.

COBROS HABILITADOS

Entre las comisiones a las tarjetas de crédito se encuentra la cuota anual, regrabación de tarjeta, el adelanto de dinero en efectivo, la consulta en cajeros y el pago de extracto en caja. También se pagan por las compras en el exterior, el ingreso a VIP de aeropuerto, el mantenimiento mensual del plástico y el exceso de línea de crédito.

En cuanto a las tarjetas de débito se cobrarán comisiones la renovación, la regrabación y exceso de las extracciones en cajeros automáticos; y para los préstamos se pagará por la gestión de garantías, la grabación de cheques diferidos descontados y gastos administrativos por desembolso.

Para las cuentas corrientes y ahorros, figuran las siguientes comisiones: saldo promedio inferior al mínimo, operación en ventanilla, depósito y extracción de moneda extranjera, redepósito de cheques, aviso de devolución de cheque, emisión de cheque administrativo, multa según la ley por los rechazos de cheques, devolución de cheques, orden de no pago de cheques y gestión de cobro de cheques.

Otros servicios que contarán con recargos son la provisión de la chequera, el extracto bancario, publicación por re/inhabilitación de cuenta corriente, certificados de documentos, reposición de billete deteriorado, transferencia entre cuentas, gestión de mantenimiento cuenta embajada, modificación de condiciones contractuales, mantenimiento de línea de sobregiro solicitada y la emisión de cheques de bajo importe.

Asimismo, figuran en la lista la cancelación de cuentas bancarias, el exceso de línea de sobregiro, cajas de seguridad, reposición de dispositivos, emisión de certificado de asamblea, otras notas y certificaciones, costos de paquetes y combos de productos, atesoramiento y traslado de valores, gastos de juicio de privación de eficacia, y cobro de servicios públicos y privados.

También se pagará por el servicio asociado a empresas, custodia de cheques, servicio de courier solicitado por el cliente, giros a través de remesadores, copia de extractos y cupones de compras, verificación de filmación de ATMs, seguro de cancelación de deuda, seguro contra fraude, seguro contratado en nombre de terceros, gestión de recupero de crédito en mora y cargo por mora.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.