Garcete, que trabajó durante seis años en la represa compartida por Paraguay y Brasil, comenzó así una protesta extrema que incluye una alimentación exclusiva de suero y zumo para disminuir la deposiciones y no verse obligados a dejar la cruz.

Tras ser clavado al madero, el anciano fue colocado junto a Roque Samudio, de 58 años, Gerardo Orué, de 49, y Roberto González, de 61, que hoy cumplieron 20 días acoplados.

Al lado de estos, pero desde hace 13 días, está Rosa Cáceres, de 52 años, esposa y madre de dos exempleados que trabajaron durante cinco años en la hidroeléctrica, la de mayor producción del mundo.

“Mi familia no quería verme así, pero yo he venido a reclamar lo que es mío”, dijo Garcete.

La protesta del quinteto busca que miles de extrabajadores paraguayos de la represa cobren los derechos laborales retroactivos que dicen se les adeudan por un convenio suscrito en 1974 por los entonces gobiernos dictatoriales de Paraguay y Brasil.

Los “crucificados” han visto pasar las Navidades desde esa posición con el apoyo de sus excompañeros y de sus familiares, como es el caso de Cáceres, quien recibió la visita de algunos de sus nueve hijos.

“Me alegró mucho que vinieran, pero lo que siento no es felicidad, sino tristeza porque se sigan clavando compañeros. Hoy lo hizo un compañero ya tan viejito que no se merece esto, tendría que estar en su casa disfrutando del bienestar por el que ha trabajado”, aseguró Cáceres.

Una de sus hijas, Cintia Acuña, de 14 años, se encargó de atender a su madre y de contenerla cuando rompió a llorar durante la crucifixión de Garcete.

“El dolor que sentimos como hijos al ver a nuestra madre sin poder levantarse no se puede explicar. Ella es una luchadora y está clavada a una cruz, y a nosotros verla así se nos clava en el corazón, donde más nos duele”, expresó Acuña.

Cáceres explicó que lo que más molestias provoca a los “crucificados” no son los clavos que los mantienen sujetos a las cruces, sino las propias tablas de madera sobre las que yacen.

Incomodidades y dolores que intentan aminorar sus compañeros de lucha, que se turnan para proporcionarles agua, desinfectar sus clavos, darles analgésicos, abanicarles y controlar su presión arterial.

Sin embargo, denuncian que hace dos semanas dejaron de recibir visitas de los médicos, a lo que se suma la falta de respuesta oficial a sus reivindicaciones, según dijo Carlos González, líder de la Coordinadora que agrupa a los extrabajadores de Itaipú.

“Brasil dice que se trata de un problema interno de Paraguay. Y la empresa Itaipú dice que no tiene ninguna relación laboral con nosotros. No queremos relaciones laborales, queremos el pago de lo que nos corresponde por el protocolo que firmaron Paraguay y Brasil. Tenemos derecho a ello”, afirmó González.

En la construcción murieron unas mil personas en accidentes o problemas de salud vinculados con el trabajo en un período de diez años, según dijo una fuente de Itaipú.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.