En la primera jornada de la fase 1 de la cuarentena inteligente se vieron tanto buenas prácticas como otras situaciones que deben mejorar totalmente, afirmó la Doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En el caso del servicio de transporte público de pasajeros estos deben cumplir con llevar pasajeros sentados y portando tapabocas, prácticas incumplidas en algunos casos que fueron denunciados ayer de acuerdo a lo que contempla el Instructivo de Pasajeros Público y Privado

“En el caso de este servicio realmente tuvimos constancia de situaciones poco auguriosas y el desacatamiento de ciertos sectores y esto no es una recomendación fortuita basa en opiniones, viene de una evidencia científica”, afirmó en contacto con Universo 970.

Amarilla aseguró que existen puntos muy sensibles y lo ideal es que los pasajeros deben ir con tapabocas y sentados.

“No es una buena práctica alzar pasajeros y tenerlos parados, no es bueno. Son cuestiones que hay que ver, también es una necesidad para las personas que tienen que trabajar y no tiene movilidad propia y en esta primera fase se tuvo en cuenta a los que podrían trabajar en una especie de cuadrilla y no implicaba un aumento de los contactos sociales sino siempre con el mismo grupo de personas y en el mismo horario”, explicó.

Sobre las recomendaciones a los grupos que fueron liberados están elaboradas en una mesa de trabajo de expertos donde se evalúa los riesgos y esto se sobrepone a cualquier otro interés, incluso el económico que no es menos importante, aclaró.

“No hay que perder el foco, estamos en una pandemia y es la primera fase de escala sin precedentes y tenemos que ser cautelosos por eso apelo al civismo y responsabilidad social porque los controles del gobierno y entes son finitos sin embargo, la enfermedad nos puede llegar a todos sin discriminación”, señaló.

“Tendremos el reflejo de las buenas y malas prácticas cuando veamos la fotografía epidemiológica en los próximos días y hay una cuestión importante que es el compromiso y la responsabilidad tanto de empleadores como empleados y clientes”, recordó.

Destacó que este es un momento de tarea importante como ciudadanos más allá del control que se haga por parte de las autoridades.

“Estamos en pademia, hay un virus, hay un enemigo invisible pero no invencible y por eso el lavado de manos siempre , cumplir con el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, quedarse en casa siempre que se pueda y si hay que salir tomar todas las precauciones. Es bueno usar el servicio de delivery para los servicios necesarios”, apuntó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.