Los precios remarcados de productos en los supermercados son controlados por la Subsecretaría de Estado y Tributación, el Ministerio de Industria y Comercio y la Sedeco, debido a las denuncias de elevaciones exorbitantes que recibieron, así lo confirmó Oscar Orué viceministro de la SET.

“Hemos solicitado a varios supermercados y también a los proveedores que informen acerca de los niveles y montos de compras y ver en qué parte de la cadena económica se están dando estos remarques de precios”, señaló a la 970 AM el viceministro.

Orué resaltó que el trabajo interinstitucional que realizan es para determinar si el stock que tienen los supermercados son compras de este mes (marzo) o si son de meses anteriores. Caso contrario, el estudio indicará si se da el segundo punto, no tendrían el por qué de aumentar los precios de sus productos.

Recordó que todo lo que tenga que ver con insumos de salud, se decretó arancel 0% para la importación y en el caso del IVA del 10% bajó al 5% “incluye tapabocas, respiradores, cloro, alcohol en gel, entre otros”, detalló.

Cabe resaltar, en caso de determinar la remarcación de precios por parte de algunos de los supermercados, las medidas de sanción o multas corresponden a Sedeco y a Industria y Comercio.

Caída en Tributación

El viceministro de la Set, sostuvo que en cuanto a las reducciones en los pagos de Tributación, se tuvo una caída del 50%. En ese sentido, especificó que entre el lunes o el martes se reunirá el equipo económico para asumir otras acciones en cuanto a la situación.

Pequeños contribuyentes

Continúan con la reglamentación por parte de la SET que darán a conocer la semana que viene. La Ley de emergencia en ese sentido especifica que, todos los que cuenten con RUC serán asistidos, la única condición es que los contribuyentes del IRP, no podrán.

“Podrán recibir la asistencia del Estado que es el 25% del salario mínimo que representa aproximadamente Gs. 540mil y esta previsto en la Ley de Emergencia con un fondo de USD 300 millones que se estará disponibilizando de acuerdo al registro”, explicó.

Para la aplicación indicó que cuentan con un equipo técnico que trabaja con el registro y lo que buscan es que no haya aglomeración. Prevén contar con la mayor cantidad de servidores para que respondan de forma eficiente al momento de la inscripción y así evitar el colapso del sistema.

“Quiero dejar en claro es que el Ministerio de Hacienda está trabajando para poder brindarle la asistencia y transferencia de ayuda que oscila entre el 25% que la Ley de Emergencia establece, independientemente si la persona tiene RUC o no. La única condición que la Ley establece es que no sea contribuyente de IRP”, finalizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.