En el marco del juicio oral y público contra la empresaria de medios Natalia Zuccolillo, que inició este martes tras tres años de chicanas, el abogado querellante Ricardo Preda dio a conocer a la prensa el trasfondo de los ataques de la directora de ABC Color contra su clienta, la exviceministra de la SET, Marta González, a quien el grupo Zuccolillo difamó mediante su medio de prensa de manera sistemática, con muchísimas tapas de diario.

Al respecto el abogado indicó al canal GEN / Nación Media que solicitó en la fecha al juez Juan Carlos Zárate que incluya entre las pruebas de este juicio las declaraciones impositivas de los miembros de la familia Zuccolillo-Pappalardo. Explicó en ese sentido que entre los años 2014 y 2016, estas personas declararon cero guaraníes en impuestos de IRP, a pesar de tener ingresos de entre 12 mil y 14 mil millones de guaraníes.

“Los ataques mediáticos contra Marta González comenzaron desde el momento en que ella solicita ciertas informaciones no solo a la familia Zuccolillo, sino que a todos los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal. Eso hizo que desde ese momento, en el año 2016, las declaraciones impositivas posteriores de esta gente comiencen a arrojar números que les obligaba a pagar una suma de dinero al fisco”, indicó.

En ese sentido, el abogado reveló que la motivación de ABC Color para atacar a González deviene correlativamente de la decisión adoptada por la entonces autoridad tributaria para que los Zuccolillo se sometan al fisco y paguen sus impuestos como el resto de los contribuyentes del IRP.

“Un grupo familiar tiene ingresos que son multimillonarios y hace maniobras para pagar CERO guaraníes en impuestos, cuando hay personas de clase media que están tratando de pagar como pueden sus impuestos. Y cuando un funcionario hace bien su trabajo de controlar, desde ahí comienza el ataque. Vamos a demostrar en juicio que la libertad de prensa no es una herramienta para defender intereses mezquinos de un grupo económico”, lanzó Preda.

El querellante ahondó que desde la política de control adoptada por la SET, llamativamente los miembros de la familia Zuccolillo comenzaron a abonar sus impuestos, desde el año 2017. “De cero guaraníes que declararon por tres años, pasaron a pagar 450 millones de guaraníes y 335 millones de guaraníes en los años siguientes”, acotó.

Paradójicamente, desde que los Zuccolillo comenzaron a pagar sus tributos, iniciaron los ataques a través de ABC Color contra la titular de la SET. “Las publicaciones comenzaron el 27 de marzo del 2019, cinco días después de que la señora Zuccolillo presentara su declaración jurada del año 2018. El ataque habría iniciado porque no estaban acostumbrados a pagar sus impuestos”, detalló Preda.

Antes de estos ataques, ABC Color sacaba editoriales en los cuales alababa la gestión de Marta González. Esto terminó cuando la funcionaria comenzó a controlar el pago del IRP. “Ahí dejó de ser devoción del medio”, puntualizó el abogado.

CÓMO LOS MILLONARIOS EVADÍAN AL FISCO

Consultado sobre las evasiones fiscales, Óscar Orué, Viceministro de Tributación, explicó a la radio 650 AM que antes la norma no era clara y permitía amplias deducciones, con maniobras para no pagar impuestos. “La elusión fiscal era una manera legal de dejar de pagar impuestos, pero hoy con la nueva ley eso ya no está permitido. La elusión consistía en que los inversionistas o empresarios creaban otras empresas y capitalizaban ahí su dinero para no tener que pagar el IRP”, comentó.

El titular de la SET sostuvo que la nueva normativa buscó brindar la equidad en la justicia tributaria. “En términos generales, las persona más acaudaladas son accionistas de empresas ya no van a a poder deducir nada. Esto entró en vigencia el 1 de enero de 2020”, dijo.

Además aclaró que se separa el nivel de rentabilidad, por lo que si sos socio o accionista de empresas ya no podés deducir nada.

EL CASO DE GONZÁLEZ VERSUS ZUCCOLILLO

El juicio contra Natalia Zuccolillo se realiza este martes tras ocho suspensiones a lo largo de 3 años que lleva el proceso judicial, que estuvo marcado por 18 chicanas, de las cuales inclusive un incidente llegó a la Corte Suprema de Justicia.

Este caso se inició en septiembre de 2019 cuando el periodista Lezcano publicó una información sin fundamento sobre la labor que realizó Marta González cuando era viceministra de la SET y la acusaba de malos manejos. Pese a que se presentaron los documentos que demostraban lo errado de la información el medio dirigido por Natalia Zuccolillo siguió con las publicaciones difamatorias y la afectada presentó la querella.

A parte de este juicio la directora de ABC y su periodista también deben afrontar un segundo juzgamiento por otra querella que presentó la ex ministra Marta González Ayala, ya que se volvieron a publicar informaciones falsas en su contra.

En este caso el juez de Sentencia Juan Carlos Zárate fijó para los días 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero del 2023, a las 8:30, el inicio del segundo juicio oral y público por difamación y calumnia.

Desde la defensa de González Ayala sentaron postura al señalar que no van a presentar una “mordaza” judicial al diario ABC para que cesen las publicaciones, pero adelantaron que ante hechos difamatorios y de calumnia iban a accionar ante los tribunales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.