Oscar Orué, viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), expresó a radio Monumental su completo rechazo al proyecto de ley que plantea liberar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica. “No me parece muy acertada la idea, considerando que tenemos una tasa bastante reducida (5%)”, argumentó.

La autoridad de la SET cuestionó que la presentación provenga del Congreso, institución que “siempre critica el gasto tributario”, donde justamente se incluye la canasta básica familiar. “Cuando se deja cobrar de impuestos, no solo se le ayuda a la clase más necesitada, se está beneficiando a todos, entre los cuales hay gente que sí puede pagar. No me parece una idea muy brillante que digamos”, dijo.

La diputada Roya Torres (PLRA) presentó un proyecto de ley “De Sostenimiento de la Canasta Familiar”, que plantea la reducción a 0% de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos que conformen dicha canasta básica.

La proyectista alegó que la iniciativa consiste en la asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad, reduciendo así la pobreza de forma sostenida, atendiendo que la pobreza total en Paraguay se incrementó 3,4 puntos porcentuales en 2020, y pasó del 23,5 % en 2019 al 26,9 % el año pasado, como consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Agregó que existen tres factores determinantes a la hora de la transmisión de precios de la canasta básica, que son la estructura de costos, la estructura competitiva y la información imperfecta e intervención pública.

“En los tres factores se necesitan políticas públicas activas para mejorar la competitividad de las empresas, con planes de infraestructura, acuerdos sectoriales para generar compromisos de mejora entre las empresas, los trabajadores y el Estado”, dice parte del texto.

En el articulado se especifica que, la venta de los productos de la canasta básica alimentaria familiar elaborada por el INE, o el organismo que lo reemplace en el futuro, estará alcanzada por una alícuota equivalente al 0% cuando se comercialicen a consumidores finales, mientras dure la Pandemia de la Covid-19, y hasta que ésta se declarada por el gobierno como erradicada.

Los productos alcanzados por esta alícuota deberán informar su condición en la etiqueta o rótulo, o por cualquier medio claramente visible para los compradores.

El documento se encuentra en su primer trámite constitucional y aguarda dictamen en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; y Presupuesto.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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