Tras la denuncia de acoso sexual de la estudiante Tania Barboza por parte de su profesor de Derecho Romano Diego Paredes se evidenció el modus operandi dentro de la casa de estudios donde las estudiantes son acosadas para mantener contacto con los docentes y mejorar sus calificaciones.

Una salida, una merienda, un encuentro es el objetivo en el que el mismo intermediario se ofrece a acompañar a la estudiante en cuestión hasta el lugar donde fijen la cita.

Carlos Cristaldo es uno de los identificados por Tania como el que realizó la propuesta de salir con el docente Paredes, días previos a un examen que para la joven era decisivo ya que debía sacar buena nota para aprobar.

“El profesor pidió por vos”, fueron las expresiones utilizadas por Cristaldo al momento de abordar a Tania para que esta acceda a salir con el profesor que quería conocerla y “tratarla”.

El compañero de curso le explicó que le mostró un catálogo con fotos de muchas mujeres de la facultad al docente y este eligió a la joven y que a nadie más quería, según se escucha en el audio de la conversación entre el intermediario y Tania.

Luego de la denuncio de la universitaria se supo de otros casos similares en que otras compañeras recibieron la misma propuesta para salir también con Paredes como manera de mejorar sus calificaciones.

En un segundo intento por concretar el encuentro entre estudiante y docente, otra estudiante de nombre Liz Barrientos también encaró a la joven diciendo que era enviada del profesor Paredes e insistió con la intención de una salida con Tania. Y no fue una sola vez, por segunda vez para abordarla la llamó por teléfono para reiterarle la propuesta, luego del examen, y le sugirió que acceda a merendar con el profesor como agradecimiento por haber pasado el examen.

Tania denunció el hecho ante el Centro de Estudiantes de Derecho UNA (CEDUNA) y recibió todo el apoyo de los representantes quienes solicitaron el sumario y expulsión de los involucrados.

Luego de la denuncia otras personas se acercaron a Tania para informarle que existen otros casos similares al suyo y en los que está involucrado el mismo profesor pero que por temor u otros motivos no fueron denunciados.

Hoy, la afectada presentará denuncia ante la fiscalía contra Cristaldo y Barrientos.

Con la repercusión pública del caso, el docente Diego Paredes renunció a su cátedra y fue aceptada por el Consejo Directivo de la facultad y esta abrió sumario administrativo sobre el caso.

En el transcurso de la tarde de ayer se reportó el hallazgo de un lote de medicamentos abandonados en la ciudad de Ypané.

Se trata de cuatro cajas de fármacos pertenecientes al Laboratorio Bagó, que fueron dejados en un terreno baldío.

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Pobladores del barrio donde se produjo el hallazgo denunciaron el hecho y expresaron su preocupación ante el temor de que niños que cruzan por la zona pudieran llevarse los productos.

“Esto queda de camino a una escuela, hay criaturas pequeñas que generalmente van por la tarde”, refirió una de las pobladoras al canal C9N.

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La mujer dijo desconocer quién fue la persona que llegó hasta el sitio para dejar los medicamentos y el motivo por el que decidieron abandonarlos allí.

Varios de los fármacos ya se encuentran vencidos, según se pudo constatar al hacer la revisión de las cajas, aunque hay otros que aún poseen validez conforme a su fecha de fabricación.

La madre de Matías Vicésar (21), Raquel Vicésar, denunció en charla con Visión Comunicaciones que existen muchas irregularidades en el proceso abierto contra el radiólogo Gabriel Ayala, quien fue el responsable de haber ocasionado el accidente.

La madre explicó que habían recusado al juez de Guairá, Víctor Ortigoza, por aparente pérdida de imparcialidad, y que de manera meteórica un Tribunal lo confirmó en el cargo e inmediatamente se fijó la audiencia.

“De la nada se llamó a juicio oral, siendo que se recusó al juez por parcialidad. Mientras estábamos esperando la resolución, a mi hija le avisan que el tribunal confirmó al juez a las 12:10, y que ya se convocó a la audiencia a las 12:30. La contraparte consiguió a todos sus testigos, mientras que nosotros tenemos a un testigo que es de Encarnación y otro que estaba trabajando en ese momento. Por lógica se debe hacer una notificación previa. Me duele mucho eso”, expuso.

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En otro momento, la mujer lamentó que la contraparte denunciada pretendió instalar mentiras, responsabilizando a su hijo de lo ocurrido. Afortunadamente, tras mucho insistir se pudo conseguir un video de circuito cerrado, mediante el cual se supo lo que verdaderamente ocurrió. “La fiscal Gladys Giménez nos trabó al principio, y tuvimos que hacer una querella adhesiva para poder acceder al video. Nuestro abogado accedió y vimos que mi hijo no fue el culpable”, agregó.

También indicó que, uno de los testigos dijo que al radiólogo le preocupó más cómo estaba su auto antes que el joven atropellado, quien estaba tirado en el suelo y no recibió la asistencia oportuna, lo cual podría haber cambiado su situación.

Para el próximo viernes, a las 09:00, está previsto que continúe el juicio contra Gabriel Ayala. La familia de Matías espera conseguir justicia.

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El 25 de junio del 2023, en horas de la noche, Matías Vicésar Leiva sufrió un traumatismo de cráneo y múltiples fracturas. Estuvo involucrado en el accidente el automóvil conducido por el radiólogo Gabriel Ayala Irala, funcionario de blanco de la ciudad de Villarrica.

El percance se registró sobre la calle Avenida España y 25 de noviembre, en la esquina del hospital regional de Villarrica, cuando el joven transitaba a bordo de su motocicleta rumbo a su domicilio tras su jornada laboral, momento en que le salió al paso -aparentemente de manera imprudente- el conductor del rodado.

Marías se encuentra actualmente en su casa, con muerte cerebral, luego de haber estado seis meses en el hospital.

El mismo fue identificado como Julio Ramón Cáceres Carrillo, 52 años, quien es acusado por falsificación de documentos para los delincuentes. El hombre ya se encontraba suspendido desde el año 2023 por una causa similar, sin embargo seguía generando documentos que falsificaba para sus “clientes”.

El allanamiento y detención se produjo sobre las calles Milano y Juan E. O’Leary, de la capital, en donde el sujeto tenía montado su oficina y vivienda.

Las tramas fraudulentas afectaron a muchas personas que caìan en la trampa que se presentaba de manera legal, pero cuyo contenido estaba plagado de falsificaciones de documentos públicos.

Según investigadores, el escribano acusado tendría conexiones cómplices en entes en los que necesariamente deben registrarse las transacciones de bienes, así como en el ámbito judicial. Esto a partir de la forma rápida en que se despachaban los casos, así como el acceso a planillas hojas de documentos en blanco, que eran llenadas con datos falsos. Esta posibilidad ya saltó al tapete en otras ocasiones en donde incluso se vieron involucrados jueces y funcionarios del Poder Judicial.

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