En 12 días el Paraguay debe resolver con Covax la recupera­ción de los USD 5,6 millones por las 3.186.600 vacunas no recibidas de un lote de 4,2 millones que el Estado abonó en su totalidad por valor de USD USD 6,8 millones.

El plazo vence el 18 de setiem­bre, ya que el contrato fir­mado por el gobierno de Mario Abdo Benítez y la Alianza Mundial para las vacunas e inmunización (Gavi) tiene vigencia de 3 años y data del 18 de setiem­bre de 2020. Las conversacio­nes y las negociaciones hasta ahora no vislumbran resulta­dos favorables para nuestro país y está a punto de concre­tarse el perjuicio.

“El Ministerio de Salud es el que está en contacto con las partes de Covax. Nosotros estamos apoyando con los argumentos jurídicos para ver si se encuentra alguna salida o tener que llegar finalmente al arbitraje que es el mecanismo de solu­ción de controversia que se ha pactado en el acuerdo”, sostuvo el procurador gene­ral de la República (PGR), Marco Aurelio González, al ser consultado sobre las ges­tiones que están realizando con el objetivo de recuperar la plata que entregó el gobierno de Mario Abdo a Covax.

Covax propone dos mecanis­mos de salida que en uno de los casos es que el Paraguay pague los USD 186 mil adi­cionales a los USD 5 millones de pago previo que se había hecho. O que nuestro país reciba las 3 millones de dosis restantes y pague los USD 33 millones. “La primera es inviable y la segunda también es problemática, porque no necesitamos esas dosis. No vamos a aportar muchísima plata para que vengan a ven­cer y ni siquiera hay capaci­dad de almacenamiento. Eso tendría que ver con el Minis­terio de Salud, pero sí habría problemas con que no se va a poder utilizar, van a ven­cer y hay que disponer de esas vacunas, son biológicos. Acarrea muchos más proble­mas. Las vacunas no llegaron cuando tenían que llegar”, enfatizó el procurador.

Consultado sobre las respon­sabilidades administrativas de quienes hicieron la com­pra fallida de vacunas, Gon­zález refirió que “la distribu­ción de responsabilidades va a venir remarcada en función de si existió o no perjuicio, en virtud de los resultados que obtengamos nosotros luego de las negociaciones y del arbitraje.

Porque si por llamar de alguna manera, nosotros logramos obtener un resul­tado favorable, no va a haber un perjuicio, básicamente vamos a estar revirtiendo esas cláusulas que han sido pactadas”. Cabe recordar que el acuerdo de compra con Gavi fue firmado por el exminis­tro de Salud Julio Mazzoleni en carácter de apoderado del gobierno de Paraguay.

Dos semanas después, el 1 de octubre de 2020, el Ministerio de Salud, a cargo del entonces ministro Mazzoleni, transfi­rió a la Organización Pana­mericana de Salud (OPS) los USD 6.847.680 como “prima de acceso” al sistema Covax para integrarse a la lista de países beneficiarios.

Con celeridad, una semana des­pués, el 9 de octubre de 2020, el Ministerio de Hacienda, a través del exministro Benigno López, firmó el documento de “Garantía e Indemnización” por USD 38,3 millones. Despo­jaron al Paraguay de un dine­ral para adquirir vacunas que iba a inmunizar a la población del covid-19; sin embargo, en el peor momento se recibie­ron solo 304.660 de los 4,2 millones de dosis que debie­ron suministrarse y detrás de esta inoperancia en nues­tro país lamentamos cerca 20.000 muertes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.