POR LA NACIÓN

Las imágenes que quedaron al margen de la investigación fiscal sugieren inescrupulosos movimientos de evidencias en la escena del crimen. Acomodaron hasta cartucho alrededor del cuerpo de Rodrigo Quintana.

Eran las 00:33 de aquella fatídica madrugada del 1 de abril del 2017, el cuerpo de Rodrigo Quintana yace en el piso del pasillo de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), hacía 11 minutos que recibió una bala de escopeta en la cabeza. Se observa en imágenes la desesperación de varias personas, periodistas que entran y salen, la escena del crimen está saturada. Sangre por todas partes.

Un movimiento raro y sospechoso se observa en las imágenes de un hombre con saco azul, que aparentemente es guiado por uno que no aparece en el plano de la cámara 1 del pasillo y le pide moverse hacia delante, hacia un costado, justo donde cayó uno de los cartuchos servidos, el que posiblemente mató a Quintana.

El hombre de saco pisa un objeto, presumiblemente el cartucho, luego ya aparece en plano el hombre con quien estaba hablando, quien lo estaba guiando. Uno con camisa azul está de espalda. Arrastra el cartucho más hacia el cuerpo inerte de la víctima, que aún estaba en el piso.

El sujeto en cuestión sería el custodio de una autoridad liberal, sería de un parlamentario. Aparentemente sería un agente policial destinado como guardia de seguridad de un congresista.

Al observar detenidamente las imágenes se observa que todo el movimiento que tuvo este hombre fue de manera intencional, toda la acción fue para tapar y arrastrar con los pies el cartucho servido, alterando también dicha evidencia.

Esta también es una de las personas que nunca fueron convocadas para una declaración testifical por lo menos.

Ricardo Estigarribia, abogado de Gustavo Florentín, asegura que con todas las imágenes se desvirtúa toda la investigación fiscal.

“CONSTITUCIONALISTAS”

Los “fanáticos” seguidores de Efraín Alegre, que aquel 31-M destrozaron lo que encontraban a su paso, son precisamente los que realizaron extraños cambios en la escena del crimen de Quintana.

Los vídeos son contundentes. A la 1:41:10, Fernando Cáceres, quien según fuentes es un conocido del movimiento escrache y seguidor liberal, se sienta al pie de la escalera y cambia el cartucho original percutido por otro y segundos después se retira de la escena y va afuera.

Su compañera Olga Paredes continúa con la tarea, arrastró el cartucho cambiado por Cáceres con sus pies, desde la base de la escalera hasta muy cerca de donde cayó Rodrigo Quintana, a pedido de Mabel Cantero, quien estaba subiendo por la escalera. Esto ocurrió entre la 1:43:10 y la 1:43:30.

Las movidas de los jóvenes liberales se suman a las mudanzas internas y escondite de computadoras que realizaban Efraín Alegre Irún, hijo del presidente de los liberales, y el polémico dirigente Stiben Patrón. Otra situación que pone aún más en duda la acusación fiscal que pesa sobre el suboficial Gustavo Florentín es que la vainilla que cae al momento del disparo contra Quintana es de otra escopeta, no de la sostenida por el acusado.

Un hombre con saco, presumiblemente al servicio de ex diputado, aparece en videos pisando un cartucho y arrastrándolo disimuladamente.

Para ex juez amerita una investigación

En un sentido general, el ex juez penal de Garantías y actual respetado abogado penalista Jorge Bogarín explica que por el simple hecho de existir una sospecha de una posible alteración de una escena del crimen, amerita que el juez haga una revisión del expediente procesal de cómo ingresaron las pruebas y que se haga una investigación. Es en el caso de Rodrigo Quintana, quien fue asesinado en la madrugada del 1 de abril del 2017.

El profesional del derecho manifestó que toda alteración cambia en la investigación si una prueba entra al proceso de manera ilegítima. No se pueden generar pruebas con cualquier cosa, como por ejemplo intervenir una comunicación sin autorización judicial o torturar a un testigo o alterar una escena del crimen.

Para Bogarín, el juez es quien tiene que velar por el proceso, tiene que ser el contralor de todo lo que entra y cómo entra en la carpeta judicial. El juez penal de Garantías tiene que mantener la transparencia y la claridad de todos los elementos que pueden servir en la investigación.

Si es necesario, al saltar elementos nuevos, como lo que apareció ahora, nuevas imágenes, el juez debe hacer una revisión del proceso. Si en realidad las nuevas imágenes que aparecen están contenidas en la carpeta fiscal.

En otro momento también explicó que obligatoriamente el juez debe realizar el control correspondiente de que todas las pruebas hayan entrado con total claridad, que no tenga ninguna alteración.

Si por si acaso el juez hace caso omiso al pedido de la defensa, esta debería denunciarlo ante los estrados correspondientes.

El Ministerio Público también debe hacer un trabajo apegándose a las instrucciones legales, no probar un hecho punible con otro hecho punible.

“Si existen algunas irregularidades durante la investigación y la recolección de pruebas, el juez deberá excluir dichas pruebas en la instancia correspondiente, ya sea en una audiencia preliminar o en todo caso en un juicio oral”, dijo Bogarín.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.