A través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda confirmó la elaboración de un informe que contiene un análisis de sostenibilidad de la deuda de Paraguay, considerando diferentes supuestos escenarios, tanto desde una perspectiva realista hasta una mucho más pesimista.

De acuerdo al análisis, el escenario más probable es que la deuda pública de la Administración Central se mantendrá en un margen del 23,4% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el año 2024. Estos datos fueron calculados conforme a las proyecciones que incluyen una perspectiva nacional e internacional.

Con el fin de evaluar la sostenibilidad de la deuda, también se simularon escenarios de “stress económico” muy poco probables donde se considera la peor situación de las variables macroeconómicas. En otras palabras, esto se traduce como “el escenario más pesimista y poco probable” y, por lo tanto, no es una proyección sino una prueba de resistencia de la deuda ante un escenario extremo.

Esta prueba de stress realizada demuestra que, aún en el peor de los escenarios económicos, la deuda de Paraguay sería sostenible, conforme al estudio realizado por la cartera estatal. Es decir, en el caso extremo (y menos probable), igual la relación deuda/PIB se mantendría dentro de los límites considerados saludables y aconsejables para Paraguay, que está entre el 30% a 45%, rango que fue establecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según señala Hacienda en el comunicado, “es un grave error conceptual considerar como proyecciones estos resultados de stress de las pruebas realizadas, ya que ello no representa una estimación. En términos prácticos, son ejercicios que se realizan para contar con un elemento más en el marco de la prudencia fiscal”.

Así también, resalta el hecho de que la economía paraguaya se ha caracterizado por su solidez macroeconómica y una trayectoria estable y sostenible de la deuda pública en los últimos años, por lo que el Gobierno Nacional está comprometido con mantener esta trayectoria, teniendo a la Responsabilidad Fiscal como una marca país.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda insta a los medios de prensa y a los formadores de opinión públicos y privados “a utilizar la información disponible al público con responsabilidad ya que, si la misma es mal utilizada por desconocimiento o en forma malintencionada, se genera una confusión en la ciudadanía, la que a su vez ocasiona un daño económico y social para el país.”

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.