El comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Dante Leguizamón, declaró que a la falta de agua potable, se le deben sumar la falta de acceso a la salud, educación y atención primaria. Existen cárceles en donde el servicio de provisión del líquido vital es solamente por horarios determinados, mientras que en algunos se observa la ausencia del mismo por varios días.

“Los pabellones más pobres son los que no acceden al agua, muchas veces deben incluso pagar para poder tener un poco de agua”, dijo a La Unión.

Según el informe, se observa un promedio diario de 14 horas de acceso al agua en todas las cárceles a nivel país. En el caso de los penales de mujeres, el 73,5% de la población tiene agua potable las 24 hs y el 100% de las mujeres tiene acceso por más de once horas al día. En el caso de los penales masculinos, sólo el 37% tiene acceso al agua durante todo el día y el 44,4% por un promedio de 12 horas.

En general, se encontró que existen casos extremos donde el 11,9% de las personas privadas de su libertad no tienen acceso al agua potable en sus reclusorios. En el caso de ellos, deben acarrear agua desde otros sectores para consumo y almacenamiento para los horarios de reclusión celular. En el polo opuesto, existe un 39,2% de la población penitenciaria tiene agua potable sin restricciones durante las 24 horas del día.

Según los datos del 2018, en Tacumbú existen 58 espacios reclusorios celulares identificados. Sin embargo, el 19 de marzo del 2019, solamente figuraban 12 sectores en los que se distribuye una población penitenciaria de 3.469 personas. En este centro penitenciaro, el 86,9% de la población tiene acceso al agua potable entre durante más de 19 horas al día, mientras que el 6,4% entre 13 a 18 horas y el 6,7% por 12 horas o menos. La situación en el Buen Pastor es totalmente diferente. El 94,2% de la mujeres privadas tienen agua potable en sus espacios de reclusión celular durante más de 19 horas al día, mientras que 5,8% entre 13 y 18 horas diarias.

La situación en la cárcel de Emboscada es incluso más preocupante. En el pabellón Hermano, a través de la autogestión de los internos y mediante el grupo religioso que administra el lugar, se logró dar solución a la problemática del acceso al agua potable con la instalación de un tanque en el techo. Las personas privadas de libertad manifestaron que hace meses no volvieron a tener inconvenientes con el suministro desde la instalación.

En Emboscada, el 39,1% de los internos tiene acceso al agua por 5 horas diarias o menos. Sólo el 22% tiene suministro de agua potable entre 6 y 12 horas diarias. Finalmente, apenas 38,9% tiene agua potable por diecinueve o más horas al día.

Desde el 2018, en las cárceles del interior del país se cortó el suministro de agua en el interior de las celdas, pasando a ser únicamente para los pabellones. Durante el periodo de recolección de datos, el MNP constató que existen canillas incrustadas en las tuberías de incendios que se encuentran en la mayoría de los pabellones y así es como se puede acceder al agua potable. Los internos deben cargar botellas, baldes o cualquier tipo de recipiente para transportar el líquido para consumo, higiene personal, limpieza de desechos de las letrinas y de las celdas.

Otro hallazgo del Mecanismo Nacional de Prevención de Prevención de la Tortura tiene que ver con la provisión de agua en las correccionales de menores. A excepción del Centro Educativo de Itauguá, todas tienen el servicio disponible sin restricciones durante las 24 horas. En este penal, el 86,4% de los internos accede al agua potable durante 6 a 12 horas diarias y el 13,6% entre 13 y 18 horas por día.

Por último, destacan que en los establecimientos penitenciarios construidos o inaugurados después del año 2000 hay graves problemas de suministro de agua potable. Así como también mostraron que los cortes en el suministro de energía eléctrica interfieren seriamente en el sistema de bombeo del líquido, especialmente en verano, cuando estas caídas son más frecuentes.

El estudio demuestra que ante mayor hacinamiento, menor es la satisfacción de la necesidad de agua potable y el crecimiento acelerado de la población penitenciaria dificulta la solución inmediata de este problema. Asimismo, para garantizar el acceso a todos los internos, se sacrifica la eficacia en áreas vitales como el sistema de combate a incendios, generando una situación de riesgo adicional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.