Varios familiares de pacientes con COVID-19 internados en INERAM y otros hospitales públicos denunciaron semanas atrás ante los medios la falta de medicamentos en las farmacias internas.

Puntualmente, el faltante afectaba al Atracurio y el Midazolam, dos de los más utilizados por pacientes graves que se encuentran en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Luego del desesperado pedido que habían realizado en aquella oportunidad, autoridades del gobierno anunciaban la implementación de un “mecanismo rápido y simplificado para compras de medicamentos”.

Inclusive, también se llegó a confirmar la asistencia a pacientes y sus familiares en casos de necesidad, esto mediante ayudas económicas para “cubrir costos de insumos y medicamentos que el Ministerio debe normalmente proveer y no está pudiendo por el contexto nacional e internacional”.

El anuncio fue realizado por el entonces Viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Julio Rolón, y la anterior Viceministra de Economía, Carmen Marín, quien hoy día ocupa el cargo de ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia.

En ese momento, se había previsto la entrega de 30.000 ampollas de Atracurio para el primer día y unas 300.000 dosis de Midazolan para el fin de semana, lo cual sí habría llegado a cumplirse tal y como se prometió.

Ya para las siguientes semanas el panorama cambió totalmente. Los hospitales públicos volvieron a quedar desabastecidos de estos insumos que son esenciales para brindar una atención adecuada a pacientes con COVID-19 que se encuentran en terapia intensiva.

En el transcurso de los últimos días, varios medios de comunicación entrevistaron a familiares de pacientes internados en INERAM, el Hospital IPS Ingavi y otros centros asistenciales de contingencia. En todos ellos, el panorama era el mismo: una notable falta de medicamentos que obligaba a realizar compras millonarias en farmacias externas.

Ante el escenario actual, se pone en duda el grado de veracidad de la promesa hecha por las autoridades de Hacienda y Salud, quienes anunciaron medidas para paliar la dura situación pero que siguen sin ser visibles en el día a día.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.