Jorge Navero, dirigente sindical de una de las agrupaciones de la banca matriz, percibe la “módica” suma de 26,6 millones de guaranies, conforme la planilla salarial a la que se puede acceder.

El mismo había ingresado durante el gobierno de Luis González Macchi, como uno de los “cupos” del movimiento argañista, que hegemonizó la adminstración de ese período. Es uno de los que, el lunes pasado, lideró la manifestación frente al domicilio del Ministro Santiago Peña, “exigiendo” la reposición del triple aguinaldo para ciertas oficinas públicas. Navero fue titular de la Asociación de Empleados del ente bancario, y luego presidente del Sindicato de Trabajadores.

Antonio Planás, es el tercer líder sindicalista que organiza movilizaciones en pro de la reposición del triple aguinaldo, que tuvo activa participación en la marcha frente a la casa del titular de Hacienda. Planás recibe un sueldo de 20,6 millones de guaranies y había ingresado durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, con la “foja de servicios” que tenía el ser operador de éste, como principal catapulta para acceder al bien remunerado cargo de director del área internacional.

La publicación de cuánto perciben los sindicalistas que exigen la vuelta del carnaval de gastos salariales en entidades del Estado, tuvo a Alfredo Florentín como uno de los cabecillas. El mismo gana 23,5 millones de guaranies.

En discursos de los sindicalistas que se manifestaron frente al domicilio del ministro Peña, el factor común fue que éste cometía una injusticia al “atropellar derechos adquiridos” de los funcionarios, para recibir los tres aguinaldos anuales, así como demás beneficios siderales en items como viáticos, aumentos por titulos académicos, etc.

Entre las irregularidades detectadas y excluídas de las planillas de sueldos de la banca matriz, está el hecho de que por cada empleado que figura en las mismas, existe un cargo de jefatura, que embolsa más de 17 millones de guaranies; triple aguinaldo (maquillado como bonificaciones especiales), además de otros pagos por conceptos que, en la teoría legal, no deberían recibir.

SINDICALISTAS

“Desde que arrancó el gobierno de Horacio Cartes estamos siendo perseguidos por esta línea que perjudica a los trabajadores”, resaltó Juan Orué, durante la manifestación contra los recortes ordenados por el Ministro de Hacienda, Santiago Peña, a los “beneficios especiales”.

El mismo indicó que continuarán con las protestas, para que se les restituya las bonificaciones extras que percibían.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.