El informe, presentado en un acto en el Panteón de los Héroes del centro de Asunción, destaca que en 2016 no se registró ningún asesinato de periodistas que se sume a los 17 comunicadores fallecidos de forma violenta desde 1991 en el país.

Sin embargo, se citan casos de amenazas y atentados como los ocurridos en septiembre contra las sedes del diario La Jornada, de Ciudad del Este, la segunda urbe de Paraguay; y contra Radio Amambay, en la norteña ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil.

También menciona diversas situaciones de suspensión de programas y despidos de periodistas por críticas a los propietarios de los medios donde trabajan, o por presiones políticas ante sus denuncias de presuntos casos de corrupción.

La persecución laboral preocupa al SPP, que considera que “de la violencia extrema y el acaparamiento de medios, se ha pasado a una etapa de “purgas”, con despidos motivados por razones de conciencia y actividad gremial”.

Otra de sus preocupaciones, subrayan, es la concentración mediática, con un panorama reducido a cuatro grandes bloques de empresarios, entre los que figura el del presidente de la República, Horacio Cartes.

El sindicato también señala el presunto caso de espionaje del sistema de inteligencia del Gobierno contra una periodista del diario ABC Color que investigaba presuntos hechos de corrupción en las Fuerzas Armadas, y que fue denunciado en agosto.

El informe considera que este supuesto espionaje constituye un “atentado contra la libertad de expresión y las garantías del libre ejercicio del periodismo”, así como contra los derechos ciudadanos a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la intimidad.

También repudia el supuesto intento de censura de la serie de reportajes Iglesia Oscura, que investigaba presuntos casos de pedofilia en la Iglesia paraguaya, y que fue publicada en el diario La Nación en abril.

Además, alude a la “problemática frecuente y silenciada” del acoso sexual contra las mujeres periodistas, y rechaza la brecha salarial que continúa existiendo entre ellas y sus compañeros varones que realizan la misma tarea.

El documento también destaca las irregularidades en la aplicación de la ley de acceso a la información pública, y reitera su pedido de derogación de una ley de 2011 que restringe el funcionamiento de las radios comunitarias “imponiendo trámites irrealizables y limitando las vías de financiación”.

En el caso de los medios de comunicación públicos, el informe advierte de las “precarias condiciones laborales” de los periodistas, cuyo salario no llega en ocasiones al mínimo estipulado por la ley, y del “uso propagandístico” de estos medios, que se traduce en un “rígido control” sobre sus funcionarios.

Entre los avances, el SPP destaca el hecho de que el pasado mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera la denuncia formulada por los familiares de Santiago Leguizamón, primer periodista asesinado en Paraguay tras la caída de la dictadura en 1989.

También resalta la presentación en noviembre en el Congreso paraguayo del proyecto de ley sobre protección a periodistas, cuyo objetivo es garantizar la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de quienes ejercen el periodismo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.