Unas 100 personas de distintos bancos presentes en la región, como ScotiaBank, Citibank, BBVA, Santander, HSBC y el Banco Itaú, desfilaron por el microcentro asunceno hasta llegar a la sede del Ministerio, donde presentaron sus reivindicaciones.

La elección de la ciudad en la que se celebran estos encuentros responde al “clima laboral que hay en cada país”, como explicó a Efe la secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) del Banco Santander (España), Ana Herranz.

“Es una declaración de solidaridad de todo el sindicato internacional con Paraguay, porque hay un problema serio de discriminación, hasta el punto que no se respetan los derechos sindicales y por presentarse a una lista de elecciones sindicales los trabajadores pueden ser despedidos”, explicó.

Desde el sindicato español denunciaron que “las empresas españolas exportan las malas prácticas que hay en España”, como las prolongaciones de jornadas para cumplir con “unos objetivos comerciales inalcanzables” sin remuneración de las horas extras.

Por su parte, el secretario de comunicación de CCOO en BBVA, Albert Villena, denunció que “las prestaciones sociales son bastante distintas y mucho más precarias” a las que estos bancos tienen en sus países de origen.

Así, incidió en los despidos de los trabajadores antes de que cumplan 20 años en la empresa para “no tener que acabar cotizándoles su propia jubilación”.

Otra de las reivindicaciones de los sindicatos del sector fue el cumplimiento de los horarios laborales, que en casi todos los países excede lo pactado.

La ejecutiva de personas en BBVA Continental Perú, Carmen Guaraca, comentó a Efe que en su país la jornada laboral de un trabajador de banca son “ocho horas, incluida la de refrigerio”, aunque en la práctica asciende a “10 o 12 horas diarias”, de lunes a sábados.

No obstante, la situación no es la misma en todos los países de la región y algunos, como Uruguay, Argentina o Brasil, disfrutan de mayor respeto, según el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado en Urugay, Elbio Monegal.

“En Uruguay hay respeto a los trabajadores y hacia lo acordado, es lo que aspiramos que ocurra en todas partes, que el trabajador sea dignificado por su labor, por lo que hace y no sea discriminado por su condición de afiliado o no afiliado”, aseveró.

Esta manifestación se englobó dentro de la XIII Reunión Conjunta de Redes Bancarias Internacionales, que comenzó en la capital paraguaya el pasado 15 de agosto y que contó con la Federación de Trabajadores Bancarios y Afines de Paraguay (Fetraban) como anfitriona.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.