A raíz de la actual cuarentena decretada por el gobierno en el marco de la pandemia de coronavirus, una gran parte de la población permanece en sus hogares y recurre a alternativas como la televisión o el teléfono celular para poder entretenerse.

Si bien esta costumbre es habitual en la mayoría de las familias, muchos desconocen los riesgos que podría representar una exposición demasiado prolongada a las pantallas de los diferentes dispositivos con los que estamos en contacto en el hogar.

La doctora Miriam Cano, directora de Salud Ocular del Ministerio de Salud, en entrevista con Radio 1000 advirtió sobre la posibilidad de que se produzca lo que se conoce como “Síndrome Visual Informático”.

Según explicó, esta afección temporal se caracteriza por el hecho de tener la visión fija en una pantalla durante un periodo muy prolongado y, por consiguiente, pestañear muy poco, lo cual a su vez deriva en que se produzca una sequedad en los ojos.

Una continua exposición de los ojos a una pantalla puede hacer que la persona sufra de cansancio visual, visión borrosa, fatiga ocular, ojos irritados o enrojecidos y, en el peor de los casos, hasta de una miopía.

“En promedio pestañeamos hasta 20 veces por minuto, sin embargo, cuando estamos frente a la pantalla brillante, ésto se reduce a sólo 5 veces por minuto”, manifestó la profesional.

En lo que respecta a los niños y el uso de teléfonos celulares, Cano aseguró que “lo peor que pueden hacer los padres” es darle un dispositivo a un niño menor de 1 año, esto considerando que, al ser tan pequeños, se puede frenar el crecimiento de sus ojos y con ello llegar a provocarles miopía.

Por ello, recomendó que recién después de los 2 años de edad los niños puedan utilizar este tipo de equipos (en caso de que los padres así lo decidan), pero sólo por unas 2 a 3 horas por día e incluyendo intervalos de actividades que conlleven luz natural.

La principal sugerencia que brindó la directora de Salud Ocular del MSPyBS para evitar padecer del “Síndrome Visual Informático” es la llamada “regla 20-20-20”, que significa “cada 20 minutos cambiar el lugar que se está mirando a una distancia de 20 pies (6 metros) y durante 20 segundos”, a fin de que se descontracture la mirada.

Igualmente, recomendó tener todos los dispositivos a una distancia aproximada de 50 centímetros del rostro, de manera a evitar ponerlo tan cerca ya que eso hace que el ojo haga un mayor trabajo para enfocar en lo que quiera ver.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.