• POR MARCELO PEREIRA
• Periodista

Además, lamentaron que las manifestaciones de la ciudadanía no sean sos­tenidas e identificaron al salario mínimo legal como un factor de desigualdad al no ser el real, así como otras falen­cias de larga data en lo refe­rente al ámbito de la salud y la educación.

Al respecto, el politólogo Marcos Pérez Talia senten­ció que el gobierno del colo­rado Mario Abdo Benítez, tras cumplir un año y cua­tro meses de gestión, conti­núa articulando en torno a la dimensión política, mien­tras que los temas sobre el ámbito social siguen siendo la deuda pendiente, hecho que podría generar un esta­llido en la sociedad.

“Ellos afirman que deben hacer acuerdos parlamen­tarios, sobrevivir, pero la otra dimensión, lo social, sigue siendo la gran deuda pendiente. Hay muchas deudas por parte del Estado paraguayo que la democra­cia aún no ha sabido resol­ver. La inequidad social es la deuda principal de la tran­sición. Creo que se invierte mucho dinero en infraes­tructuras, pero me parece que el gran desafío sigue siendo la salud, la educa­ción por sobre todo y toda­vía no hay signos de que eso se pueda revertir pronto”, sentenció.

DESIGUALDAD, UNA “BOMBA”

Pérez Talia tildó la des­igualdad social como una “bomba de tiempo” para la administración de Abdo Benítez, pero resaltó que existen dos factores que contribuyen actualmente a que se mantenga intacta.

“Yo planteo dos hipóte­sis que luego explicarían el porqué la ciudadanía en Paraguay no está reaccio­nando. En primer lugar, me parece que los parti­dos políticos, sobre todo el Partido Colorado, ha sabido estrechar los vínculos con la sociedad y esos víncu­los, ya sean formales o informales, instituciona­lizados o no instituciona­lizados, de alguna manera están sirviendo para repe­ler a los reclamos ciudada­nos”, comentó.

ALGO ESTÁ CAMBIANDO

Se refirió al “factor his­tórico”. “Paraguay tiene una ciudadanía muy des­movilizada. Muchos auto­res unen las raíces de esta desmovilización con tiem­pos de la dictadura estro­nista. Sería como si se asu­miera que esos 35 años de dictadura sirvieron para aplacar cualquier intento de reacción ciudadana. En Paraguay no vemos mucho a la ciudadanía en las calles, no vemos a la gente en las plazas”, indicó.

“Durante la transición y consolidación de la democracia en Paraguay hemos visto algunos des­tellos de reclamos ciu­dadanos como, por ejem­plo, el Marzo Paraguayo (1999) y los intentos de reelección. Sin embargo, la regla sigue siendo el no reclamo. Ahora, a partir del 2015, estamos viendo algunos cambios como es el caso de UNA No Te Calles, casos sobre algunos dipu­tados y senadores que per­dieron sus bancas siendo muy poderosos, producto de una alianza entre la ciu­dadanía descontenta y los medios de comunicación. De a poco parece que algo está cambiando, pero no aún a un nivel de países como Ecuador, Chile, Perú o Bolivia”, enfatizó.

DIVORCIADOS DE LA REALIDAD SOCIAL

El politólogo Camilo Filártiga Callizo fue más allá y apuntó hacia el Parlamento. “Las élites parecen que están absolutamente divor­ciadas de la realidad social y la política, eso se ve en el Congreso Nacional. Actúan como si fuese que están ais­lados de las necesidades ciudadanas y eso podría generar un problema en el futuro”, sostuvo.

Añadió que en varias oca­siones se pudieron observar manifestaciones sociales importantes, pero que las mismas no fueron sosteni­das como las protestas que se viven en la región como en Ecuador, Perú y Chile, donde sus habitantes toma­ron las calles como signo de fatiga por la desigual­dad, provocando enfren­tamientos entre los civiles con los efectivos policiales, asaltos, incendios y hasta muertes.

“No han sido pocas las veces que la ciudadanía ha salido a manifestarse y fueron participaciones importan­tes, salieron a la calle en los momentos en que tenían que salir, en las grandes crisis políticas. El problema es que esto no es sostenido, sino que explota sobre un hecho puntual”, dijo.

Resaltó que la diferencia radica en la falta de pensa­miento crítico, el cual es, según su percepción, un elemento absolutamente determinante. “Acá nues­tro desarrollo democrático es totalmente atípico, dis­tinto al de otros países de la región. Nosotros no tene­mos una clase media quizás con un pensamiento crítico, no tenemos ese nivel que pueda generar similares movilizaciones en cuanto a los derechos”, refirió.

CIUDADANÍA DESMOVILIZADA

Filártiga Callizo coincidió con Pérez Talia en sostener que Paraguay cuenta con una ciudadanía desmovili­zada. “Nosotros pareciera que vivimos en una calma permanente, parece que acá lo que ocurre en la región aparentemente ocurre en una dinámica dis­tinta a la nuestra. Parece que estamos estancados en el tiempo, pasan muchas cosas en nuestro alrededor y nosotros estamos como cor­tados de todo eso”, expresó.

Sin embargo, puntualizó también que existen ele­mentos de “vulneración y de exclusión social” que podrían motivar a impul­sar movilizaciones. “Acá hay algunos elementos. Es difícil poder decir que lo que se vive en Chile podrá ocurrir también en Para­guay porque son contex­tos diferentes; es decir, son desarrollos democráticos de pueblos totalmente dis­tintos”, sostuvo.

Por otra parte, destacó que por lo menos la admi­nistración de Mario Abdo Benítez se encuentra supe­rando los conflictos eco­nómicos que azotaron duramente en los prime­ros meses de su mandato.

“Los problemas surgen de las altas crisis económicas y yo creo que este año el Gobierno empezó a salir de ese conflicto. Ahora vemos algunas señales y eso le alcanzará para no sufrir algún tipo de ingo­bernabilidad. Es nece­sario poner énfasis en el aspecto social, en cuanto a impulsar planes, progra­mas; creo que eso le puede dar un respaldo impor­tante. Acá los problemas que tenemos son estruc­turales, problemas como acceso a la tierra, la salud, la educación, incluso a la vivienda”, argumentó.

CRÍTICA DE LA IGLESIA CATÓLICA

“Mucho dinero en pocas manos y poco trabajo para la gente”, fueron las palabras iniciales del mensaje de la Iglesia Católica el pasado domingo, en el marco de la celebración por la festivi­dad de la Virgen de Caacupé, hecho a través de monseñor Ricardo Valenzuela.

“Seguimos siendo un país vergonzosamente desigual. Dicen las estadísticas que disminuyó un poco la canti­dad de pobres, medidos a par­tir del ingreso, pero segui­mos con más de 1.800.000 pobres entre nosotros, mien­tras poquísimas personas acumulan riquezas que ni siquiera están en condicio­nes de manejar y controlar, y menos aún en convertirlas en inversiones para generar fuentes genuinas de trabajo para los miles de desocupa­dos”, indicaba la nota.

El obispo de Caacupé sos­tuvo además que “basta de mezquindad con el dinero, basta de acumu­lación excesivas de bie­nes improductivos en manos de pocos; basta de especular con la nece­sidad y angustia de los pobres para despojarlos de sus escasos bienes y empujarlos de esa forma a vivir cada vez de peor manera”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.