Es una de las medidas que debatió este miércoles la Mesa de Memoria Histórica, que se reunió para realizar un “análisis técnico y jurídico” sobre el fallo del Tribunal de Apelación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además de elevar la causa a la justicia internacional, el organismo de memoria histórica también contempla recurrir el caso ante la propia CSJ, ya que se trata de una decisión de segunda instancia.

Antes de dar un paso hacia delante, la mesa quiere conocer la opinión de Santiago Rolón, la víctima del régimen que en 1995 inició el proceso judicial contra los comisarios Camilo Almada Morel, alias ‘Sapriza’, y Eusebio Torres Romero por crímenes de tortura.

La justicia decidió dar el caso por sobreseído, alegando que había permanecido parado durante los últimos 17 años, una decisión que generó controversia porque la tortura está reconocida en la Constitución Nacional como un delito que no puede prescribir.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala, explicó que su organización también ha trasladado la situación la Organización de Naciones Unidas para visibilizar “el estado de impunidad” de los crímenes de la Dictadura.

Además, Ayala señaló directamente a la Fiscalía por su “responsabilidad” en la falta de investigación para lograr la reapertura del caso, lo que calificó como un “rol negligente”.

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que justificó que la causa se desarrolló con un código penal anterior que no le reconocía como un órgano acusador, por lo que la competencia residía en el Poder Judicial.

Después de este revés judicial, la Mesa de Memoria Histórica acordó en su reunión pedir un informe detallado a la Corte Suprema de Justicia para conocer cuántas denuncias por crímenes de la dictadura permanecen sin resolver con el objetivo de evitar que se repita una situación similar.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.