La exministra Soledad Núñez expresó que la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipu, previsto para el 2023, es una oportunidad que puede cambiar el futuro de la Nación y “nos necesita a todos unidos como país”.

“Es momento de poner en segundo plano nuestros egos personales y políticos así como todo aquello que nos divide, para poner en primer lugar al Paraguay. (…) La renegociación del Tratado de Itaipú en el 2023 nos necesita a todos unidos como país, que no significa que durante todo el trayecto coincidamos en cada detalle, sino que estemos dispuestos a contribuir, debatir, exigir, convirtiéndonos en protagonistas activos de la historia y no en meros espectadores”, escribió en su cuenta de Facebook.

La exministra refirió que aceptó la invitación del Gobierno ante la oportunidad de ser parte de un “proceso único en la vida de nuestro país” e instó a incluir a otras mujeres destacadas en materia energética como Cecilia Llamosas y Cecilia Vuyk.

Recordó que la comisión tendrá el rol de asesorar y que las autoridades serán las que definirán la comisión negociadora. “Debemos tener en cuenta que una Comisión Asesora es útil y necesaria pero tampoco se traduce en la panacea a todos nuestros problemas. Aún nos queda mucho por trabajar para asegurar lo más importante: que Paraguay pueda hacer uso de la energía que le corresponde en los próximos años, y eso depende de las políticas de desarrollo nacional que impulsemos de manera a incrementar la demanda, promover el desarrollo en infraestructura y aumentar las inversiones en el país”, remarcó.

Los integrantes confirmados hasta el momento son:

*Jorge Ayala Kunzle, exdirector paraguayo de Itaipú

*Gerardo Blanco, especialista en materia energética

*Efraín Enriquez Gamón, economista, diplomático y exdirector paraguayo de Itaipú

*César Barreto, economista y exministro de Hacienda

*Manuel Ferreira Brusquetti, economista y exministro de Hacienda

*Fernando Masi, analista e investigador económico

*Alberto Acosta Garbarino, analista económico y referente empresarial

*Guillermo López Flores, experto en temas energéticos y exconsejero de Yacyretá

*Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista y exsenador

*Héctor Richer, extitular de la ANDE y exconsejero de Itaipú

*Mario Paz Castaing, analista político y experto en asuntos internacionales

*Soledad Nuñez, exministra de Senavitat

**Carlos Mateo Balmelli, exdirector paraguayo de Itaipú (pendiente de confirmación)

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.