La actividad, según indicó el diputado Dany Durand (ANR), fue coordinada con la finalidad de dar a conocer detalles que hacen a la normativa y a la vez debatir sobre algunas sugerencias de modificaciones en algunos puntos, de forma a que la legislación sea aplicada sin inconvenientes.

La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial entró en vigencia el pasado 20 de mayo, tras la elaboración de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, varios sectores pidieron su suspensión. Los principales puntos de cuestionamiento apuntaron a la reglamentación del polarizado y los paragolpes delanteros y traseros en los vehículos.

El parlamentario valoró el trabajo realizado e informó que los resultados de la gestión impulsaron la modificación de 61 artículos y la derogación de uno; temas que serán analizados en comisiones asesoras y luego en el plenario de la Cámara de Diputados. Agregó que las apreciaciones y sugerencias planteadas en la audiencia pública, también serán discutidas durante el estudio de las modificaciones a la Ley.

Sobre los ejes que plantean corregir, la diputada Fabiola Oviedo (ANR) mencionó que son retornar la competencia territorial a las Municipalidades; la modificación de la estructura de la Agencia de Tránsito y Seguridad Vial, derogando el Directorio que será reemplazado por un Presidente, manteniendo el Comité Consultivo; y proponer elevar las faltas por consumo de bebidas alcohólicas, dado que el riesgo abarca no solo a quien conduce, sino también a los eventuales acompañantes, otros automovilistas y peatones.

La mujer resaltó que se busca regular lo que hace a los vidrios de seguridad templados, normalizados y con grados de tonalidad adecuados;y establecer límites de paragolpes o laterales de la carrocería. Refirió que las propuestas fueron consensuadas con el organismo encargado de establecer las normas técnicas, que es el INTN.

Cabe señalar que la consideración del Proyecto de Ley “Que modifica varios artículos de la Ley N° 5.016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial; y deroga los artículos 3°, 6°, 11, 13, 20, 95 y 96 de la Ley N° 5.016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, forma parte del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, prevista para este miércoles, en horas de la tarde (punto 10).

No se descarta que el punto en cuestión pueda ser postergado para un mejor estudio. Será decisión del plenario, según mencionaron algunos legisladores que participaron de esta audiencia pública.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.