Agustín Duarte, auditor de la ANTSV, indicó que se realiza esta solicitud en vista que la facultad de establecer vencimientos a las licencias las tienen las municipales. “La postergación de vencimientos sería hasta el 30 de abril de 2020 sin multas, para así evitar la aglomeración de personas que se estaría dando si se levanta la cuarentena en la última semana de marzo”, expresó.

Con esta medida las personas que cuentan con licencia de conducir de Asunción tienen un vencimiento de acuerdo a la terminación de su número, y ya la Municipalidad postergó los vencimientos. Mientras tanto, el municipio de Lambaré tiene vencimiento al 31 de marzo 2020 y hasta ahora no se expidió con la Ordenanza Municipal que postergue los vencimientos de sus revalidaciones.

Este pedido fue enviado vía mail a todas las Municipalidades debido a la emergencia sanitaria, utilizando los medios digitales para todas sus comunicaciones.

Se espera que los municipios emitan una Ordenanza Municipal y comuniquen por sus medios digitales, o bien comunican a la ANTSV y se estaría compartiendo mediante redes sociales y a los que corresponda.

La Patrulla Caminera en consonancia con esto no aplicará las multas establecidas por conducir con Licencias de Conducir vencidas hasta el 30 de abril 2020.

Nueva ley dejaría sin recursos a la ANTSV

Se tiene previsto el estudio en Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones el estudio del proyecto de Ley que establece el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) impulsado por el senador Fernando Silva Faccetti.

Uno de los puntos rechazados en la audiencia pública, fue la derogación del Art. 31 de la ley 5016/14 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la cual debilitaría las campañas de capacitación y educación vial llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) al suprimir presupuesto para el efecto y con lo cual ninguno de los actores citados está de acuerdo.

En líneas generales, existe un consenso a favor del avance de la propuesta legislativa por parte de todos los agentes que estarán involucrados.

Existe cierta urgencia en cuanto al tratamiento de este proyecto en el legislativo atendiendo a la gran cantidad de accidentes de tránsito que derivan en 2.000 muertes al año y otros miles de casos de jóvenes que quedan mutilados y que representan una gran carga social tanto para el Estado como para sus propias familias.

El proyecto contempla una escala de subsidios para las víctimas de accidentes. El monto que deberán abonar los más de 2,3 millones de rodados que hoy circulan en el país está pendiente de cálculo actuarial. Con esto hay una estimación preliminar de un fondo de US$ 120 millones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.