El fiscal Gustavo Sosa, quien logró la condena de 4 años de cárcel para Guillermo Páez (68) y otras tres personas, explicó a radio Ñanduti que la causa inició con la denuncia presentada en el 2019 por el abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano, por la invasión de su propiedad ubicada en Pirayu’i, San Bernardino.

El interviniente aseguró que se pudo comprobar que los títulos de los lotes 59-01 y 57-02, que están en disputa, corresponden a Ruiz Díaz Labrano desde 1991 y que los demás ocupantes en realidad viven en otra compañía llamada Tucanguá, la cual está ubicada a 300 metros del sitio en litigio.

“Ellos viven en Tucanguá hace bastante tiempo. Donde definitivamente trataron de instalarse en forma precaria hace unos meses nomás fue en Pirayu’i. No pudimos ubicar el domicilio real pero sabemos que es en la compañía Tucanguá. No hay ninguna sola duda en este caso”, aseguró el fiscal.

Sosa mencionó que durante la constitución del Tribunal en Pirayu’i, se hallaron dos piezas, una reciente de material y otra de madera, y en su interior solo había un colchón nuevo y completamente limpio. En el predio estaba una vaca pero ni siquiera había bosta de días o meses anteriores. “La casa tampoco tenía letrina. ¿Dónde está la mesa? Era la hora de comer pero ni había una mesa. ¿Dónde están los animales? ¿Cómo 80 años y no hay rastros de los 80 años? No hay una foto familiar. Una serie de preguntas que se hizo el Tribunal”, argumentó.

Así también, dijo que los propios testigos de la familia Páez no supieron indicar dónde exactamente era su vivienda y, es más, tampoco son vecinos del sitio en disputa, según aseguró el fiscal. “Los vecinos son de Tucanguá, no de Pirayu’i, ellos son de otro lugar”, mencionó.

Por otro lado, agregó que la figura de usucapión (poseer el lugar tras estar 20 años en el sitio) que fue planteada por la defensa de Páez, se mal utilizó, ya que hicieron referencia a una propiedad donde ellos no estaban viviendo. “Ellos no pudieron convencer al Tribunal de que estuvieron viviendo de generación en generación. Se hace pasar como una cuestión de pobre persona que está hace tiempo allí y salen a agredir a la Fiscalía y Policía, pero en realidad vivía en otro lugar antes”, dijo.

Sosa aclaró además que al ser un juicio penal, no hubo desalojo alguno, y que recién ahora la querella debe actuar en el aspecto civil para hacer ese trámite. “Nadie habla de despojo, ellos no fueron desalojados. Ellos fueron procesados, acusados y hoy están condenados, no fueron desalojados”, acotó.

Por último, el fiscal interviniente recordó que en el 2002 Guillermo Páez y su hijo Antonio Páez ya fueron procesados por la Fiscalía del Medio Ambiente por sacar de manera legal la piedra del cerro de ese sitio.

El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Liliana Ruiz Díaz, Carlos Peralta e Ingrid Muller, condenó el lunes por invasión de inmueble ajeno a Guillermo Páez, de 68 años, y a su hijo Antonio Páez, ambos en calidad de autores; mientras que sus vecinos Castorino Martínez y Luis Ojeda fueron condenados en calidad de coautores.

El abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano, quien alega ser el propietario de las 17 hectáreas en disputa, mencionó que adquirió el terreno en el año 1991 de Reinaldo Domínguez Dibb y que posee los títulos. Aseguró que en ese entonces no supuso que el sitio tendría un valor incalculable y que ahora lo único que desea es que se cumpla la ley.

Además alegó que se montó el escenario para hacer creer que la familia Páez vivía ahí, cuando solamente ingresaba esporádicamente al sitio para extraer de manera ilegal las rocas, según argumentó.

Los agentes del Grupo Lince interceptaron a un hombre buscado por un hecho de abuso sexual en niños. La detención se realizó ayer en horas de la noche, en el barrio Remansito sector IV, en Ciudad del Este.

Se trata de Tito Carlos Ayala Rodríguez, de 40 años, contaba con orden de captura por abuso sexual en niños, según nota N°1224, de fecha 21 de noviembre del 2023.

El informe refiere que Ayala Rodríguez se desplazaba a pie, en actitud sospechosa, cuando fue abordado por los agentes que patrullaban la zona. Tras identificar al sujeto, se constató que el mismo contaba con orden de captura. Tras la detención, se dio aviso al Juzgado que atiende la causa.

Este miércoles en horas de la tarde se registró un hecho de arrollamiento sobre la avenida Roberto Cubas del Km 7 barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este.

Resultó víctima de este episodio un niño de solo 13 años de edad, quien se encontraba realizando actividades físicas en compañía de su padre.

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Medios locales señalan que una automovilista atropelló con su vehículo al menor y siguió su camino sin detener la marcha. Gracias a la intervención policial, la misma acabó siendo detenida.

Se trata de Cynthia Lorena González Fleitas, de 38 años, quien estaba al mando de un automóvil de la marca Toyota modelo Vitz de color plata, con chapa AAEJ 074.

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La mujer fue alcanzada por agentes de la Comisaría 2da del barrio Ciudad Nueva y posteriormente sometida a la prueba de alcotest, arrojando como resultado positivo de 1.004 mg/L.

Una vez demorada y puesta a disposición del Ministerio Público, el fiscal Gabriel Segovia ordenó su prisión preventiva. Por su parte, la víctima fue derivada por bomberos voluntarios hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este para recibir atención médica.

“Algo tienen, por eso tomaron la decisión de investigar”, dijo a la 730 AM, el abogado Marcio Batilana, experto en derecho internacional que cuenta con varios litigios en EEUU. El mismo subrayo que además del uso de sistema bancario estadounidense que utilizaron grupos irregulares de otros países, la legislación norteamericana contempla la incursión en asuntos que consideran de importancia de ese país, aún sin que el dinero “sucio” utilizara sus conductos financieros.

Explico que en la diversa gama de envíos de dinero a EEUU, que se encuentran en vigencia, algunas son más abiertas a otras en el aspecto del control.

En Colombia, en tanto, medios de comunicación que siguen el caso Pecci, señalan que la presencia de funcionarios de la DEA, habrían ofrecido algunas soluciones legales estiladas en EEUU, para que los sicarios aporten datos claves sobre la autoría moral del crimen, a cambio de “importantes compensaciones”.

En ámbito judicial colombiano, llama la atención el inusitado interés estadounidense, respecto al magnicidio ocurrido en el exclusivo balneario de Barú, en dónde ultimaron al fiscal antimafia paraguayo.

Cabe indicar qué el gobierno de Estados Unidos, mantiene una recompensa de US$ 5 millones, para personas o grupos que ayuden a detectar al autor moral del asesinato de Pecci.