El fiscal Gustavo Sosa, quien logró la condena de 4 años de cárcel para Guillermo Páez (68) y otras tres personas, explicó a radio Ñanduti que la causa inició con la denuncia presentada en el 2019 por el abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano, por la invasión de su propiedad ubicada en Pirayu’i, San Bernardino.

El interviniente aseguró que se pudo comprobar que los títulos de los lotes 59-01 y 57-02, que están en disputa, corresponden a Ruiz Díaz Labrano desde 1991 y que los demás ocupantes en realidad viven en otra compañía llamada Tucanguá, la cual está ubicada a 300 metros del sitio en litigio.

“Ellos viven en Tucanguá hace bastante tiempo. Donde definitivamente trataron de instalarse en forma precaria hace unos meses nomás fue en Pirayu’i. No pudimos ubicar el domicilio real pero sabemos que es en la compañía Tucanguá. No hay ninguna sola duda en este caso”, aseguró el fiscal.

Sosa mencionó que durante la constitución del Tribunal en Pirayu’i, se hallaron dos piezas, una reciente de material y otra de madera, y en su interior solo había un colchón nuevo y completamente limpio. En el predio estaba una vaca pero ni siquiera había bosta de días o meses anteriores. “La casa tampoco tenía letrina. ¿Dónde está la mesa? Era la hora de comer pero ni había una mesa. ¿Dónde están los animales? ¿Cómo 80 años y no hay rastros de los 80 años? No hay una foto familiar. Una serie de preguntas que se hizo el Tribunal”, argumentó.

Así también, dijo que los propios testigos de la familia Páez no supieron indicar dónde exactamente era su vivienda y, es más, tampoco son vecinos del sitio en disputa, según aseguró el fiscal. “Los vecinos son de Tucanguá, no de Pirayu’i, ellos son de otro lugar”, mencionó.

Por otro lado, agregó que la figura de usucapión (poseer el lugar tras estar 20 años en el sitio) que fue planteada por la defensa de Páez, se mal utilizó, ya que hicieron referencia a una propiedad donde ellos no estaban viviendo. “Ellos no pudieron convencer al Tribunal de que estuvieron viviendo de generación en generación. Se hace pasar como una cuestión de pobre persona que está hace tiempo allí y salen a agredir a la Fiscalía y Policía, pero en realidad vivía en otro lugar antes”, dijo.

Sosa aclaró además que al ser un juicio penal, no hubo desalojo alguno, y que recién ahora la querella debe actuar en el aspecto civil para hacer ese trámite. “Nadie habla de despojo, ellos no fueron desalojados. Ellos fueron procesados, acusados y hoy están condenados, no fueron desalojados”, acotó.

Por último, el fiscal interviniente recordó que en el 2002 Guillermo Páez y su hijo Antonio Páez ya fueron procesados por la Fiscalía del Medio Ambiente por sacar de manera legal la piedra del cerro de ese sitio.

El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Liliana Ruiz Díaz, Carlos Peralta e Ingrid Muller, condenó el lunes por invasión de inmueble ajeno a Guillermo Páez, de 68 años, y a su hijo Antonio Páez, ambos en calidad de autores; mientras que sus vecinos Castorino Martínez y Luis Ojeda fueron condenados en calidad de coautores.

El abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano, quien alega ser el propietario de las 17 hectáreas en disputa, mencionó que adquirió el terreno en el año 1991 de Reinaldo Domínguez Dibb y que posee los títulos. Aseguró que en ese entonces no supuso que el sitio tendría un valor incalculable y que ahora lo único que desea es que se cumpla la ley.

Además alegó que se montó el escenario para hacer creer que la familia Páez vivía ahí, cuando solamente ingresaba esporádicamente al sitio para extraer de manera ilegal las rocas, según argumentó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.