En entrevista con el programa Fuego Cruzado de GEN/Nación Media, Fernández Valdovinos -quien suena como posible ministro de Hacienda del próximo gobierno- aseguró que la transición no es un proceso muy fácil y debe ser manejado de manera eficiente y con prudencia.

En términos económicos, lo que no se puede hacer es “parar totalmente y empezar de nuevo”, afirmó, por lo que debe existir un equilibrio para hacer las cosas de manera ordenada y no a las apuradas, sin entorpecer el trabajo de aquellos que están viniendo.

Desde su punto de vista como economista, considera como algo fundamental analizar con qué recursos se dispone actualmente antes de que asuma el gobierno de Santiago Peña para saber qué planes se van a poder ejecutar tanto hasta finales de este año como durante el 2024.

El expresidente del BCP manifestó su preocupación por los USD 765 millones de deuda que estarían concentrados solamente en tres entes: el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Preocupa eso porque no está en el déficit”.

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Cuestionó la actitud del Ministerio de Hacienda al “tratar de esconder la basura bajo la alfombra”, no exponiendo los datos reales sobre el déficit fiscal y dejar todo al próximo gobierno. Asimismo, sostuvo que las cifras de la cartera estatal son “inexactas o mentirosas” porque realmente no reflejan la verdadera situación del Fisco ni cómo va a entregar la economía.

“Ellos quieren mostrar que entregan un país arreglado, pero en realidad no es tan así, entregan con un déficit de 5% que puede solucionarse, pero primero hay que reconocer para solucionar un problema”, afirmó.

“Acá lo único que resta es la cooperación”, expresó Fernández Valdovinos al referirse sobre el pedido de frenar el “festival” de licitaciones del actual gobierno, haciendo énfasis en la necesidad “de voluntad y de moral” por parte de Mario Abdo Benítez y su gobierno. “Las responsabilidades van a cesar el 15 de agosto, pero la responsabilidad de mal manejo va a continuar después del 15 de agosto“.

“Hay un 85% de la torta que representa al sector privado que es el que realmente genera empleo, entonces tenemos que trabajar muy de cerca con el sector privado para ver qué hacemos para que pueda realmente invertir o producir más”, agregó.

Fernández Valdovinos sostiene que el sector productivo paraguayo posee buenas expectativas del gobierno entrante, por lo que los niveles de confianza parecieran ser mejores. “Hay que poner de manera clara y transparente las reglas de juego con las que el sector privado va a empezar a jugar y no empezar a distorsionar todo desde el Estado”, añadió.

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Sobre las estrategias para recuperar la capacidad de compra, considera oportuno garantizar que la inflación “no coma” el valor adquisitivo del salario, aspecto que involucra en gran medida al BCP como organismo encargado de combatir el incremento de precios. Igualmente, la creación de nuevos empleos es otra arista que será fundamental para lograrlo.

Fernández Valdovinos también mencionó que se deberá discutir con el sector de los trabajadores y empresarios la posibilidad de ajustar el indicador utilizado para el reajuste del salario mínimo. En el mismo sentido, mencionó que el parámetro utilizado hoy día no es el que corresponde para esta cuestión.

Solucionar la cuestión del déficit fiscal y cumplir los compromisos con el sector privado son algunas medidas que podrían adoptarse en el nuevo gobierno para generar fuentes de trabajo, aseguró, además de bajar el índice de inflación para no ahyuentar las inversiones.

El expresidente del BCP aboga por una optimización en el gasto público y evitar el malgasto de recursos para mejorar las condiciones del Estado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.