Jorge Vargas, director general de la Policía de Colombia, dio a conocer en una conferencia de prensa mayores datos del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Al respecto informó que la persona que habría disparado al fiscal sería un hombre de tez morena y con acento caribeño, podría ser colombiano o venezolano.

Destacó que estas horas son importantes para lograr ubicar a las personas requeridas para su identificación y entrevista, de modo a esclarecer el atroz crimen que enluta a dos países hermanos.

Además recordó que se ofrece la suma de 2 mil millones de pesos (500 mil dólares) a las personas que ayuden a la colaboración en esta investigación. “Es de suma importancia que nos ayuden en estas horas”, agregó el agente policial.

Sobre las investigaciones para dar con el paradero de los sospechosos, el informado destacó que están implementando controles aleatorios en rutas, sobrevuelos y patrullaje marítimo. Indicó a la vez que están trabajando con la Policía paraguaya, y enviaron información a Interpol y Europol para que se sumen a la búsqueda de las personas requeridas.

“Por instrucción del presidente colombiano, toda la capacidad de la Policía está a disposición de la Fiscalía y Gobierno paraguayo, con el ánimo de encontrar a los responsables del crimen”, remarcó.

En otro momento indicó que se presume que Pecci fue asesinado por los importantes casos que investigaba. “La principal hipótesis es que debido a sus funciones, sus casos, lo realizado en grandes operaciones, que se produjo este magnicidio”, dijo. “Aquí hubo planificación del crimen transnacional, de alta planeación”, agregó.

Por su parte, la fiscal paraguaya Alicia Sapriza, quien viajó a Colombia para esta investigación, agradeció a las autoridades colombianas por permitir este acompañamiento y destacó que ya se iniciaron los cruces de informaciones. “No tenemos precedentes en nuestro país un hecho así. Donde un colega haya resultado víctima. Lo que ocurrió ayer representa un antes y un después en nuestra tarea”, dijo muy afectada.

A su vez, el comisario paraguayo Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía, comentó que se intercambiaron informaciones en una mesa de trabajo, y que pudo ver que la investigación está en buenas manos y avanza en buena línea. “No vamos a parar hasta llegar a los culpables del crimen de una persona tan trabajadora y honesta”, prometió.

Por último, Martha Janeth Mancera, vicefiscal general de Colombia, lamentó el asesinato de Pecci en el territorio colombiano e indicó que están trabajando para recolectar los elementos probatorios (que ya rondan los 100). “Tenemos la imagen de quien estuvo en el lugar de los hechos y quien apretó el arma, ahora queda individualizarlo”, expuso. “No solo trabajamos tras la persona que disparó, sino que estamos detrás de la cabeza de la organización y el motivo principal del crimen”, agregó.

“En la Fiscalía no vamos a descansar hasta que tengamos a los responsables ante un juez en Colombia. Decir a los compañeros de Paraguay, que haremos los trabajos bilaterales”, dijo asimismo.

En tanto que el cuerpo de Pecci seguirá siendo inspeccionado en Medicina Legal, recién una vez que concluyan los trabajos será entregado a la esposa del fallecido. La fiscala no pudo precisar cuándo será repatriado.

Los investigadores pidieron a la población en general a difundir las imágenes de los sospechosos para así llegar a ellos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.