Muchos artistas cuestionan la gestión de Morselli como directora una de las principales instituciones dedicadas a prevalecer y respaldar la cultura y el arte en Paraguay, supuestamente por solo brindar apoyo a una élite y no a toda la colectividad.

A esto se suman otras varias irregularidades como despilfarro de dinero en costosos viajes, la compra de un piano valuado en US$ 200 mil en el 2013 y la adquisición de una colección original de materiales discográficos del célebre músico Agustín Pío Barrios Mangoré, aparentemente robada en Brasil para luego ser vendida a Margarita.

Un grupo de exponentes del arte y la cultura que defiende la causa “Cabildo democrático, cultura para todos’ hace un llamado a la ciudadanía a apoyar la iniciativa de una mayor apertura a los proyectos artísticos, educativos y culturales, mientras presentaron la solicitud a la Contraloría General de la República para una auditoría formal.

ALGUNAS ADJUDICACIONES DEL CENTRO CULTURAL EL CABILDO EN 2017

– Provisión de Agua Mineral ₲. 30.000.000 SELTZ SA

– Servicio de Mantenimiento, Reparación y Provisión de Repuestos de Ascensor marca Schindler ₲ 30.000.000 HOLLER INGENIERIA S.R.L.

– Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos ₲ 50.000.000 PREMIER S.R.L.

– Servicio de Ceremonial – Provisión de Pasajes Aéreos ₲ 150.000.000 PREMIER S.R.L.

– Servicio de Provisión de Pasajes ₲ 120.000.000 PREMIER S.R.L.

– Servicio de Ceremonial – Provisión de Hospedaje ₲ 150.000.000 BENITA YEGROS VALLEJOS

– Servicio de Publicidad y Propaganda en Radios y Periódicos ₲ 300.000.000 BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME

– Servicio de Alquiler de Equipo de Apoyo ₲ 150.000.000 BENITA YEGROS VALLEJOS

– Servicio de Limpieza Integral y Jardinería para el Centro Cultural de la República “El Cabildo” y las Casas del Bicentenario. Ad Referéndum ₲ 424.114.090 SERVICIOS PARAGUAYOS SA –

Adquisición de Útiles de Oficina ₲ 29.597.890 PAPELERA GUAIRA SA ₲ 22.447.890 PRINTEC SA ₲ 7.150.000

– Adquisición de Materiales Eléctricos ₲ 42.929.170 FONOLUZ S.A.

– Recarga de Extintores ₲ 3.486.000 EXTINTORES YANES S.R.L

EN EL 2015

– Adquisición de Pasajes ₲ 70.000.000 PREMIER S.R.L.

– Servicio de Publicidad y Propaganda ₲ 300.000.000Ç

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.