El escrito dado a conocer a los medios de prensa lleva la firma de Valenzuela. Al principio se menciona que la diócesis en cuestión tiene un convenio vigente desde 1939 con la Congregación de Oblatos de María para la cura pastoral de la zona de Paso Yobaí.

En el marco de ese convenio fueron nombrados como cura párroco de la parroquia a “Nuestra Señora de la Asunción” de Paso Yobai el padre Gustavo Ovelar y como vicario pastoral de la misma institución el padre Francisco Bareiro Acosta.

A principios del año pasado y a pedido tanto del Obispo como del Provincial de los Oblatos de María Inmaculada, los dos sacerdotes fueron cesados de su cargo a raíz de las demandas emanadas en su contra, por supuesto abuso sexual de menores, quedando bajo la responsabilidad del Superior Mayor de la Congregación a la que pertenecen.

Según reza el documento, frente a la denuncia contra los religiosos la autoridad competente es el Superior Mayor para los Institutos Religiosos Clericales con Derecho Pontificio, y para las Sociedades Clericales de Vida Apostólica de derecho pontificio.

Monseñor aclara que la Diócesis, tal como estipula el manual de protocolo de la Conferencia Episcopal Paraguaya, acompañó la investigación que se inició contra los clérigos Ovelar y Bareiro.

En la última parte reafirma su posición inclaudicable de que el abuso sexual infantil es a la vez inmoral y criminal, y desea ver a los responsables de los medios de comunicación como su aliado para exponer y ayudar a erradicar este mal.

“El ocultamiento de la verdad es una injusticia para con la víctima, un perjuicio para los delincuentes y un daño para la Iglesia y la comunidad en general”, señala el comunicado.

DENUNCIADOS ANTE LA FISCALÍA

Los abusos se cometieron supuestamente en el 2014, cuando las siete víctimas tenían de entre 15 a 21 años. Recién en noviembre del mismo año los casos llegaron a la Fiscalía de Villarrica. Fue el sacerdote Zenón Berikani, de la Congregación Oblatos de María, quien presentó la denuncia.

El mismo sostuvo en charla con HOY que él fue quien dio a aviso ni bien recibieron la nota sobre el caso de 4 de los 7 jóvenes supuestamente violentados. “Nosotros nos regimos por los códigos de la congregación y de la ley, por lo que los sacerdotes fueron apartados de sus funciones y se hizo la denuncia ante la Fiscalía”, aseveró el religioso.

El sacerdote recordó que la denuncia se realizó en ese entonces ante la agente fiscal Perla Cáceres de Battaglia. En otro momento, Berikani contó que antes de la denuncia hubo un particular encontronazo entre los jóvenes y los sacerdotes, ya que estos últimos sacaron del coro a los menores porque supuestamente los adolescentes cobraban 150.0000 guaraníes para realizar alabanzas y se hacían dinero de esa forma. “Yo no digo con eso fue la causa del por qué denunciaron. Eso no me costa”, aclaró.

EN LA ACTUALIDAD

Posteriormente, en noviembre del 2015, ante la sospecha de que en realidad el caso sería más bien un acoso sexual, el expediente fue a parar a la dependencia del fiscal Carlos Alvarenga, quien indicó que recién en febrero de este año comenzó a movilizarse para seguir recabando más datos, ya que estuvo de vacaciones en diciembre y febrero.

En tanto que el religioso Zenón Berikani aseveró que ambos sacerdotes no realizan actualmente misas o charlas, sino que se encuentran en sus viviendas en Asunción. “Solamente pueden hacer misas privadas, para ellos mismos, pero nada público porque están suspendidos”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.