Según informe del Ministerio de Salud Pública, más de 9.600 personas se vieron infectadas por el virus, de acuerdo a las cifras hasta finales de octubre, con el epicentro en los departamentos de Amambay, Alto Paraná y Central.

Hay 2.596 casos en Amambay, 2.308 en Alto Paraná y 2.037 en Central, que entre todos concentran al 66 % de los afectados.

Se trata de una etapa sin brotes activos, pero que precede al verano austral y a la época de lluvias, etapa en la que se perfila una de las mayores epidemias de dengue de los últimos años, comentó Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud.

Sequera, citado en un comunicado del ministerio, señaló además que los casos de ese periodo se pueden concentrar en el aérea metropolitana del Gran Asunción.

Ante esas previsiones, el Gobierno activó un plan preventivo para la adquisición de material médico, la formación de los profesionales sanitarios o la puesta en marcha de estrategias como la eliminación de criaderos de mosquito en los vertederos.

La detección de los criaderos del mosquito “aedes aegypti”, transmisor del dengue, el zika y el chikunguña, es una de las fases más importantes de prevención para evitar que se extienda la enfermedad entre la población.

Además, ya se convocó a principios de septiembre a la mesa interinstitucional de prevención del dengue, un organismo en el que participan miembros de varios ministerios, Gobiernos locales, la Policía Nacional o la Armada para activar un plan de contingencia.

La medida se tomó cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) decretó la alerta epidemiológica por dengue en Latinoamérica y el Caribe.

Ello después de que la región registrara más de dos millones de casos de infectados por el virus, una cifra que no se alcanzaba desde el último gran brote de 2016.

El informe epidemiológico de la OPS de septiembre aumentó la cifra de afectados por la enfermedad en la región en 2019 hasta 2.384.029 personas, de las cuales fallecieron 949.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.