Indicó que esa decisión (rescisión) será comunicada en su momento a Contrataciones Públicas. A partir de ahí, se iniciará el proceso sumarial a dichas firmas mencionadas, explicó Seitz.

“Con relación a la decisión por la estatal Salud, lo que sí o sí corresponde es un sumario a estas dos empresas”, expresó el director de la DNCP, en contacto con Universo 970 AM.

Señaló que tienen una investigación de oficio con una lista de observaciones muy similares a lo que publicó la Contraloría General la semana pasada, por lo que sostuvo que las conclusiones no varían de un organismo de control u otro.

Setiz manifestó que la resolución será emitida durante el transcurso de la semana por parte de la institución.

“Tuvimos otros aspectos más incorporados en el proceso de la investigación aparte de lo señalado por la Contraloría y esos aspectos nos llevaron a que recién el viernes pasado hayamos tenido la última contestación por parte del Ministerio de Salud”, contó.

Consultado sobre la anulación definitiva, Seitz dijo que no puede adelantar ninguna posibilidad completa y en este caso Contrataciones Públicas, tiene un “duro y difícil” doble rol de investigador y juzgador, refirió.

La responsabilidad que ejercen, el titular de la DNCP, detalló que en el caso de “contratación estándar” cada paso es publicado primero en el portal de la institución, se avanza a la siguiente etapa y existe un control formal.

Sin embargo, las contrataciones por vía de excepción por urgencias impostergables, mencionó que no “existió ningún tipo de control en el portal” hasta tanto fue suscrito el contrato, es decir, lo que se informó en el sistema de Contrataciones Públicas por parte de las compradoras era la culminación y suscripción de un contrato, “incluso ya estaba en vía de ejecución”, especificó.

Los controles se realizan después, no hubo ningún tipo de comunicación ni de verificación previa de lo que se estaba definiendo en ninguna de las instituciones que llevaron adelante más de 100 contratos que tengan la marca “Covid-19” y que hayan asignado como bienes comprados o servicios contratados como combate a la pandemia, indicó.

“Ese riesgo motivó a que las licitaciones hecha luego del 28 de abril, Contrataciones Públicas cambie las reglas del juego de la contratación por vía de la excepción y por más que no sean por urgencias impostergables, se obliga ahora a las instituciones públicas a publicar en el Portal el pliego de bases y condiciones de lo que se requiera contratar”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.