POR ROCÍO GÓMEZ rocio.gomez@gruponacion.com.py

“NO FUI HECHA POR AMOR”

“Mi hermana tuvo su primera vez a los 9 años, un indígena que tenía problemas con el alcohol la violó”, relata Ana, una joven indígena originaria del departamento de Boquerón. Su hermana vendía tortas en las calles y a veces tomaba atajos por el monte para acortar el largo camino de regreso a casa. Fue en una de esas ocasiones cuando el supuesto violador la siguió y aprovechando la oscuridad le tapó la boca para someterla. “Ella no quería decir quién fue, pero sabíamos que era del barrio. Él la amenazó con violar a las demás hermanas si decía algo”, cuenta y agrega que producto de las violaciones quedó embarazada y terminó juntándose con su victimario. “Están juntos hace más de siete años”.

En las comunidades indígenas, desde pequeñas las preparan para casarse, pero Ana enseña a sus sobrinas a cuidarse. “Se sabe quiénes son los culpables de las violaciones, pero no se puede decir nada porque no quieren que se manche el apellido de la comunidad, ni de las familias”, lamenta y con mucha naturalidad sigue narrando abusos, como el caso de la esposa de un primo, que fue violada y asesinada.

“Ella era hermosa y rechazaba a todos, solo le quería a mi primo. Fue en el 99”, precisa y agrega que en todos estos casos, las violaciones son perpetradas por hombres indígenas, por lo que las denuncias no llegan a ningún lado. “La ley primeramente pasa por el líder, si él permite puede salir afuera. Si él no aprueba, no se hace nada, no entran policías ni comisarios en la comunidad”, explica.

Otro caso se registró en una familia. El padrastro violó y embarazó a una menor de 11 años. “La nena le decía a la mama, ‘él me viola, él me está violando’, y la mamá no le creía. Sino que le respondía ‘seguro vos le buscabas’”, comenta.

“Un paraguayo le violó a mi madre. Cuando me enteré, supe que no fui hecha por amor”, suspira Ana, quien ni bien terminó de recordar esta terrible experiencia, contó otras dos violaciones más dentro de su familia, a una sobrina y otra a su prima. Esta última fue violada desde los 6 a los 15 años.

Ana inhala una buena bocanada de aire que parece darle fuerzas para relatar su propia experiencia. “A mí casi me pasó una vez. Estaba durmiendo cuando llegó un tío, de 40 años, que violó a mi sobrina. Me desperté cuando me tapó con una sábana y luego la sacó. Al incorporarme, le vi en la punta de la cama. Era de tardecita, mi tía estaba jugando lotería y mi mamá trabajaba. Mis primos y yo estábamos de vacaciones”, menciona agitada, como reviviendo aquel momento.

Afortunadamente, cuando el pánico empezaba a apoderarse de ella llegaron sus hermanos de la escuela, riendo, situación que distrajo al hombre y ella aprovechó para salir corriendo y salvarse. “Me iba a tocar y justo llegaron ruidosamente mis hermanos. Eso me salvó”, recuerda con una media sonrisa.

Tras este episodio, Ana acudió con los hechos a su madre, sin embargo, a ella le costó creer lo que escuchó, incluso, pensó que su hija se confundió de persona. “Mamá intentaba cuidarnos,” pero pese a sus esfuerzos no podía estar completamente presente. Ella trabajaba desde las 3:00 hasta las 19:00 en una fábrica de maní, cuenta Ana.

Cuando en otra oportunidad, el tío borracho intento violar a su hermano, la madre de Ana entró en razón. “Ahí me creyó, y nos mudamos de casa”, relata con alivio la joven.

“NADIE QUIERE MANCHAR EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD”

“Yo nunca vi con mis ojos, pero se sabe que ‘fulana fue violada’, pero nadie se involucra ni quiere denunciar”, señala María, otra joven indígena y revela que sabe que una prima fue violada a los 13 años por un tío. Si bien no se embarazó, terminó abandonando su hogar porque “no quería ser un problema”. Luego de años sus padres se enteraron, pero ya nada podían hacer, ella dejó la colectividad por cuenta propia.

En esta comunidad del departamento de Amambay, las personas que pasan por situaciones de violencia suelen abandonarla. “Nadie sabe el porqué. Pero, si una chica se va de su casa, la causa es abuso sexual o maltrato”, asevera. Según Maria, “nadie quiere manchar el nombre de la comunidad”, porque allí cada uno vive para su familia y lo que pasa dentro de ese núcleo se queda en él.

“Si vivís en la comunidad es como una organización. Si te peleás con alguien, quedás mal con la comunidad”, dice, y agrega que los habitantes entonces optan por el silencio, dejan pasar las situaciones “desagradables” para no tener problemas con nadie.

“NO ESCUCHÉ NUNCA DE ALGUNA QUE GRITE”

Dos mujeres indígenas originarias de Alto Paraná, Rosa y Clara, comentan que anteriormente sus madres no sabían casi nada sobre salud sexual ni cuidados contra el abuso o el maltrato. No recibieron ningún tipo de enseñanza al respecto en la adolescencia. La única enseñanza era la prevención ante el embarazo, pero sin recurrir a yerbas ni remedios. “Entre los de nuestra etnia no hay remedio natural para cuidarse. Si se embarazaban, se embarazaban”. Hoy día, ellas sostienen que no cuentan con materiales de enseñanza sexual, pero que igualmente enseñan en la casa a sus hijas a cuidarse.

Sobre el abuso de niñas y adolescentes mantuvieron respuestas muy reservadas. Creen que solo se da un 5% de casos, “especialmente si no está la mamá en la casa.” Así también admiten que “algunas se defienden, pero que nunca escucharon que alguna haya gritado”.

¡DENUNCIA!

Para denuncias sobre todo tipo de abuso hacia niñas, niños y adolescentes, se puede acudir ante la Policía Nacional, las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni), la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez, o llamar al 147 Fono Ayuda. Hacelo, depende de todos para empezar a cambiar esta dolorosa realidad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.