Julio López, miembro de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, conversó en el programa Fuego Cruzado emitido por GEN sobre el polémico proyecto de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Uno de los cuestionamientos tiene que ver con la figura y las atribuciones del superintendente de Jubilaciones y Pensiones, quien será un funcionario administrativo que, en virtud del proyecto, tendría los mismos fueros que un legislador y hasta un “blindaje jurídico” al no poder ser procesado.

Algunos afirman que este proyecto incurre en una inconstitucionalidad al exceder el alcance de un organismo como el Banco Central del Paraguay (BCP) a través de una ley, en violación al artículo 285 de la Constitución Nacional. Ello implicaría alterar el artículo 137 de la Carta Magna que habla del orden de prelación de las leyes.

Otra de las objeciones tiene que ver con las atribuciones que se confieren al superintendente de Jubilaciones para administrar inmuebles, citado en el artículo 11 del proyecto que establece el “Régimen de inversiones”. El texto señala que “las tasaciones o valuaciones de los inmuebles existentes y/o a ser adquiridos o adjudicados deberán ser realizadas por tasadores o valuadores financieros inscriptos en la Superintendencia, de acuerdo con la reglamentación aprobada por el Directorio del Banco Central del Paraguay”.

Respecto al tema, señalan que los inmuebles pertenecientes a las entidades de jubilaciones y pensiones pertenecen a los aportantes, por lo que no se puede disponer de su compra, venta, arrendamiento o negocio como establece el proyecto.

Otra punto cuestionado es el que atañe al artículo 39 del proyecto, que deroga el segundo párrafo del artículo 27 y el artículo 28 del Decreto Ley N° 1860/1950 del Instituto de Previsión Social (IPS), además de una serie de artículos de diversas normativas vigentes que guardan relación al funcionamiento de las cajas jubilatorias de diversos entes.

Julio López cuestionó las atribuciones legislativas que ostentaría el superintendente, por ejemplo, para interpretar leyes. “Estamos ante una situación preocupante y grave, es un proyecto que tiene una envergadura estructural y que pone en peligro los fondos previsionales y con ello la estabilidad y el funcionamiento de las cajas jubilatorias”.

Asimismo, indicó que hay cuestiones que no están expuestas tácitamente en el proyecto de ley, pero cuando uno analiza a fondo, una de las intenciones que se verifican en la utilización discrecional de los fondos, lo cual “va más allá del control y la fiscalización” y sería más una “apropiación de la administración y gobernanza” de las distintas cajas jubilatorias.

En su artículo 5, donde se establecen las atribuciones normativas, señala que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones “tendrá la atribución de regular a las entidades de jubilación y pensiones mediante la emisión de normas y criterios de carácter general sobre la organización y gobernanza, dictar los criterios, límites, condiciones, lineamientos, procedimientos, metodologías y los instrumentos técnicos e informativos para realizar las operaciones administrativas, financieras, actuariales y patrimoniales”.

López también cuestiona el artículo 38, que habla del periodo de transición y establece que “las disposiciones reglamentarias que rigen la conducta de las entidades de jubilaciones y pensiones, y sus administradores, seguirán vigentes hasta tanto sean derogadas por un nuevo reglamento de la Superintendencia”. Esto significa que la carta orgánica del IPS y los estatutos de las cajas jubilatorias estarán sujetas a la reglamentación de la nueva Superintendencia de Jubilaciones.

La propuesta es que se pueda ajustar la redacción del proyecto que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, mediante una mesa de trabajo donde estén incluidos los trabajadores, jubilados, empleadores y otros representantes de instituciones involucradas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.