En entrevista con el programa Fuego Cruzado emitido por el canal GEN, Derlis Maidana indicó que el proyecto de ley que pretende crear la Superintendencia de Jubilaciones forma parte de una nueva dinámica del funcionamiento del Estado paraguayo que se inició con el actual gobierno con la fusión de varios entes y ministerios.

Asimismo, el parlamentario enfatizó que esta iniciativa no busca reformar el sistema jubilatorio paraguayo. “Esa es otra discusión que va por cuerdas separadas, no hay ningún proyecto al respecto. Lo que este proyecto busca es regular el funcionamiento de las cajas previsionales”.

Sobre el tema, también aclaró que la legislación -contrario a lo que algunos temen- no propone aumentar los años de servicio ni tampoco quitarle recursos a los jubilados, como sostienen varios de sus detractores. Igualmente, dijo que se apunta a velar por el cumplimiento de las cartas orgánicas de cada una de las cajas jubilatorias existentes.

Maidana también indicó que hoy día el Banco Central del Paraguay (BCP), del cual dependerá esta nueva Superintendencia de Jubilaciones en caso de aprobarse el proyecto, es una de las instituciones más creíbles del Estado paraguayo, destacando de esta manera su rol de ente matriz.

Por su parte, Líder Amarilla considera que el proyecto es “inconstitucional” al violar algunos artículos de la Carta Magna, como el 95 o el 286. En contrapartida, admitió la necesidad de crear un órgano de control de todas las cajas jubilatorias.

“Lo más razonable sería crear una mesa de trabajo donde participen los trabajadores, empleadores y representantes del gobierno y ver un mecanismo apropiado para que se puedan hacer funcionar las cajas, hacer una reforma integral. Esta ley como está, tiene carácter confiscatorio y expropiatorio”, afirmó el legislador del PLRA.

Cuestionó, por ejemplo, la potestad que tendría el superintendente de Jubilaciones para rematar todas las propiedades del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo valor supera los USD 900 millones aproximadamente. “Es irracional la aprobación de esta ley”.

Sobre este último punto, Maidana manifestó que, según lo que establece el proyecto, no se podrá disponer de ningún tipo de recurso que administra la Superintendencia de Jubilaciones y no tendrá la posibilidad de vender, transferir o hacer algún tipo de transacción con propiedades.

“Lo que no queremos es que, por falta de regulación o por la anarquía que existe, pase más lo de Cajubi (Caja de Jubilados de Itaipú), que la plata de los jubilados se le dio a un venezolano”, mencionó durante la entrevista con GEN.

Cualquier punto del proyecto de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que genere cuestionamientos, dudas o se contraponga a otras normativas vigentes será analizado en las comisiones del Senado, estando sujeto a modificaciones, agregó Maidana. “Me parece correcto que sean reglas más cortas, más duraderas y que busquen preservar la estabilidad de todo este sistema”.

Seguidamente, Amarilla resaltó que “los dueños del dinero son los aportantes” y desde el momento en que el Estado tiene la facultad de disponer o invertir dichos recursos, ya no se tendrá la fuerza suficiente para poder proteger los intereses de los afiliados y asociados a estas cajas.

“Debemos buscar una solución al tema de los jubilados, nadie desconoce que hay un problema porque va a ser insostenible a corto tiempo. Definitivamente hay otros mecanismos como una mesa de trabajo que podemos ir replanteando, pero no esta ley que es inconstitucional”, sentenció.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.