El presunto negociado de la firma privada dedicada al rubro de la salud salió a luz tras la denuncia realizada el pasado 26 de mayo por parte de los familiares de una paciente fallecida por Covid-19, al no poder retirar el cuerpo de la mujer ante la exigencia del hospital privado de pagar primero la suma de 100 millones de guaraníes en concepto de los gastos de internación, pese a que inicialmente habían abonado 70 millones de guaraníes para conseguir un lugar en la unidad de terapia intensiva.

El equipo de La Caja Negra (Unicanal) accedió a la resolución y notificación de la Superintendencia de Salud al sanatorio en cuestión, luego de haber auditado los documentos médicos, jurídicos y contables. En ese sentido, la institución ordenó la instrucción de sumario administrativo al hospital central Samaritano SA, en relación a supuestos hechos irregulares denunciados y como resultado de los informes de auditoría. Además designó a los funcionarios que se encargarán de instruir el sumario y notificar al sanatorio en cuestión.

Según consta en el escrito, la auditoría concluyó que existió irregularidad en el ingreso de la paciente como usuaria particular pese a haber sido trasladada desde un sitio de atención del Ministerio de Salud. En el aspecto monetario, la intervención constató que hubo una diferencia a favor del paciente en cuanto al precio de los medicamentos, por valor de G. 1.947.278.

Otro punto irregular fue que el convenio con Salud Pública ya cubría el honorario del personal de blanco, sin embargo, aparentemente se cobraba aparte a los familiares de los internados. En ese sentido, la auditoría contable encontró que hicieron figurar 27 veces el cobro de G. 2.400.000, dando un total de G. 64 millones, en concepto de honorarios de médicos y enfermeros, violando esto el acuerdo público-privado.

En su defensa, semanas atrás el hospital privado Samaritano había argumentado a través de un comunicado que el costo de internación en UTI solo rondaba los 7.767.777 guaraníes a diario y que por ello, las denuncias de los familiares eran infundadas y solo con intenciones maliciosas. Sin embargo, la auditoría expone lo contrario.

LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO

En el convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Salud Pública y Carolina Genes Franco, propietaria del Hospital Central Samaritano SA, se establece que el prestador del servicio pone a disposición 8 camas de terapia intensiva y 35 camas de internación respiratoria. En el documento se fija la suma de 5 millones de guaraníes en concepto de costo por día en sala convencional y la suma de 13 millones de guaraníes por día en cada cama de UTI.

En el apartado de especificaciones técnicas se deja expreso que el servicio brindado en el marco de este acuerdo incluye ya los honorarios profesionales del coordinador médico, de los médicos de guardia, del personal de enfermería, del fisioterapeuta, de los especialistas de interconsultas y del equipo de limpieza.

Así también establece que debe brindar oxigenoterapia las 24 horas, según requiera el paciente; los medicamentos e insumos no deben exceder el precio establecido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y la Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafapar), y debe incluir estudios de imagen, de laboratorios, nutrición, procedimientos quirúrgicos menores y transfusiones de sangre.

A QUÉ SE EXPONE EL SAMARITANO

Con la notificación hecha por la Superintendencia, el Samaritano posee un plazo de 48 horas para ejercer su defensa. Si no concurriere, la institución pública dictará resolución dentro del plazo de tres días. En caso de presentarse el supuesto infractor y si hubiere hechos controvertidos, se abrirá la causa a prueba por el término de diez días hábiles, pudiendo prorrogarse una sola vez. Cumplido el período de prueba, se cerrará el mismo a petición de parte o de oficio, debiendo presentar inmediatamente dentro de los tres días subsiguientes el alegato de las partes que intervienen en el Sumario Administrativo.

Finalmente, cumplido los trámites y habiéndose presentado los alegatos se llamará para la sentencia, a petición de parte o de oficio, debiendo pronunciarse el juez instructor dentro de los sesenta días hábiles siguientes.

En cuanto a las sanciones, existen tres tipos según la Ley 2319 de la Superintendencia de Salud:

La de primer grado: llamada de atención o apercibimiento y multa.

La de segundo grado: multa o cierre temporal del establecimiento.

La del tercer grado: clausura definitiva del local infractor.

Ahora queda esperar que finalice el sumario para conocer el destino que tendrá el sanatorio. Según los intervinientes, en esta causa podría aplicarse la sanción de segundo o la de tercer grado, es decir, un cierre temporal o una clausura definitiva.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.