El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) dilata la provisión de la rendición de cuentas de la Agenda Digital, uno de sus proyectos más emblemáticos y costosos que se había aprobado para impulsar la revolución digital en el Paraguay mediante un préstamo de USD 130 millones. Más que una larga lista de millonarias licitaciones publicadas de manera muy general en el portal institucional, casi nada se sabe de los alcances de los gastos ejecutados y los avances obtenidos a través de las astronómicas compras y contrataciones.

A través del Departamento de Acceso a la Información Pública alegaron que no están proveyendo los datos solicitados porque siguen recabando de las áreas pertinentes.

El Mitic maneja varios megapresupuestos de proyectos tecnológicos que en los inicios de este gobierno se habían promocionado con grandes promesas; sin embargo, la institución se caracterizó por su incapacidad siendo la gran aplazada en soluciones para la virtualidad de la educación en tiempos de pandemia, deficiencia que llegó al punto de fracasar en la gestión de comunicación de los protocolos sanitarios.

Tras los escándalos en torno a los proyectos públicos que sacudió al matrimonio Soledad Núñez y Bruno Defelippe, conocidos como el clan Núñez-Defelippe, fracasados candidatos por la Concertación Nacional, nuestro medio solicitó al Mitic el “listado de todos los programas de emprendimientos tecnológicos con sus respectivas rendiciones de gastos, incluyendo presupuesto ejecutado, copias de facturas de gastos realizados, miembros del jurado y profesionales involucrados en el desarrollo de los emprendimientos, especificando pagos que percibieron en el caso de que así fueran”. Esta información no fue proveída por el Mitic, pese a que ya feneció el plazo legal establecido en la ley de transparencia y desde nuestro diario presentamos un recurso de reconsideración para que cumplan con la normativa.

“Atendiendo al volumen de documentación requerida, su solicitud sigue siendo procesada por las áreas pertinentes, y una vez recabada toda la información, la misma será disponibilizada en la brevedad posible”, alegaron en el portal de Acceso a la Información Pública y hasta ahora no han remitido los informes como copia de los documentos solicitados.

Así justifica el Mitic su incapacidad de proveer información (foto: captura de pantalla)

Cabe recordar que en lo concerniente a estas informaciones y rendiciones de cuentas requeridas, nuestro diario había detectado la articulación de grandes proyectos de base tecnológica por parte de la empresa Koga, de Bruno Defelippe. Estos emprendimientos se difundían con pomposas promociones, premios en capital semilla que solo en estas regalías movió unos USD 344 mil. No se sabe de las rendiciones de gastos, los contratos de asesoramiento o “mentoría” como lo habían publicitado en su momento, servicios que no pasan por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Varios de los premios regalados por el Mitic fueron a los bolsillos de amigos del clan, que formaban parte de una red de ONG que movió millonarios montos detrás de proyectos públicos.

Tal como trascendió en su momento, la empresa, como una docena de oenegés satélite de Koga, se financian mediante proyectos que involucran al Estado a través de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros, mecanismo de blanqueo para las facturaciones. El privilegio llegó al punto de que varios oenegeístas de la rosca se ubicaron en puestos clave del Mitic. Por ello, también solicitamos la “copia de los convenios entre el BID u otros organismos multilaterales y la empresa Koga, junto con la ONG Sistema B en los que se tenga como beneficiario al Mitic”, información que tampoco está siendo remitida desde el mencionado ministerio.

En el pedido de informe también se incluye la “rendición de cuentas por cada componente de la Agenda Digital, presupuesto ejecutado, nombre completo y número de cédula de personas contratadas en el marco del programa, especificando funciones y áreas de servicios correspondientes. Licitaciones y/o compras realizadas en el marco de la Agenda Digital sean de manera directa o a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Copia de contratos de cada adjudicación, estado de ejecución y montos desembolsados”, datos muy importantes considerando los escándalos que habían desatado trascendidos de algunos amigos incorporados con sueldazos en el marco del programa.

Además de las “copias de convenios del Mitic con organismos multilaterales, privados, entidades binacionales como Itaipú y Yacyretá. Ejecución y rendición de cuentas de los mismos”, que tampoco fueron proveídos por la administración actual del Mitic.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.