En el círculo gubernamental, el decreto 432 que nombró a Carlos Arregui como “Asesor en Transparencia e Integridad” (con rango y prerrogativas de Ministro) concuerdan en silencio con las críticas que se disparan contra la medida.

Coinciden que el fondo de la cuestión es tapar “el error” que permitió a amigos de la titular de Petropar, Patricia Samudio y la Primera Dama Silvana López Moreira de Abdo (Conrado Hoeckle, asesor ad honoren de la Presidencia, entre otros) ganar US$ 1 millón en 48 horas, por compra venta de combustible con precio privilegiado por un lado.

Y el otro “error” que constituyó el depositar (contra el mandato de la ley) US$ 20 millones de la petrolera estatal, en el banco privado GNB PGY, entidad a la que el esposo de Samudio, José Costa Perdomo, adeuda 2.000 millones de guaraníes. Esa cantidad de dinero en moneda estadounidense debía ser depositado en el Banco Nacional de Fomento, por mandato de la legislación que regula los depósitos de entes estatales.

Las denuncias documentadas de estas maniobras dolosas, hechas por el Grupo Nación, obligó al Presidente de la República a realizar algún gesto para investigar el asunto.

Y para cumplir esa “misión”, el nombramiento de Arregui (del partido -más férreamente anticolorado- de Desirée Masi), en la intimidad oficialista, no es casual.

El jefe del Ejecutivo y Masi, admitieron en reiteradas ocasiones la amistad que los une, a pesar de las diferencias políticas.

Menos aún sorprendió la designación de la abogada Mónica Seifart como integrante del grupo de “Transparencia e Integridad”. Además de asesora jurídica de la Presidencia, ésta conforma el selecto grupo de amigas íntimas de la Primera Dama, círculo que (¿lidera?) tiene a Patricia Samudio como una de las principales referentes.

La auditoría de la gestión de Samudio, a escasos dos meses de tomada la titularidad de Petropar, no tiene otra lectura: Abdo Benitez admite explícitamente que los argumentos de la amiga personal de la Primera Dama no son sustentables. Y que echarla “en seco” implicaría expresar su propio fracaso, al nombrar frente a la petrolera estatal a alguien que, por ignorancia o corrupción, no está en condiciones de seguir en el cargo.

Mientras tanto el superministro de “Transparencia e Integridad”, el opositor Carlos Arregui, tendrá la difícil misión de maquillar la operación que hizo ganar US$ 1 millón en 48 horas a los amigos de Silvana. Y más grave que eso: ¿Cuánto dinero generará los US$ 20 millones depositados ilegalmente en un banco privado? ¿Y quienes iban a beneficiarse con los intereses que surgían del millonario depósito?

Mientras en el Palacio de Gobierno se anuncia un inminente terremoto, que tiene como epicentro el “caso Petropar”, el Presidente Mario Abdo Benitez salió a buscar balones de oxígeno en el campo opositor. Primero nombró a Arregui como superministro. Y luego visitó al titular del PLRA, Efraín Alegre, en la propia sede partidaria azul, ¿Lo hizo evaluando ya los ‘heridos y contusos’ que generará la crisis de credibilidad que saltó con la petrolera estatal?

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.