Los pacientes oncológicos del Hospital Nacional de Itauguá nuevamente están en la incertidumbre ante la falta de medicamentos necesarios para las sesiones de quimioterapia que deben realizarse cada mes.

“Corremos contra el tiempo, somos pacientes oncológicos esto no es tomar paracetamol unos días y estar mejor. No, tenemos cáncer y queremos curarnos y el ministerio hace la vista gorda”, afirmó Noelia Gaona, de 35 años, que cada 21 días llega desde Caaguazú hasta Itauguá para seguir su tratamiento contra el cáncer de mama.

Explicó que el desabastecimiento la provisión irregular los deja en la incertidumbre y deben ver la manera de comprar los fármacos, muchos de ellos que llegan a sumas millonarias.

La paciente requiere de dos frascos de un medicamento que tiene un costo de 750 mil guaraníes y para la última sesión ya los tuvo que comprar y ahora nuevamente está en la carrera para conseguir las drogas antes de la fecha de su próxima sesión.

“Hay medicamentos de 50, 27 millones o más y para cada paciente es diferente y no todos tienen la posibilidad de conseguir, esta es una carrera y no podemos depender de la posibilidad de que el MSP nos provea, nos dicen en una semana pero no sabemos qué va a pasar en los próximos días”, afirmó.

La angustia, la tensión y preocupación de contar con todo lo necesario para cada sesión se suma al anhelo de curarse del cáncer y todo se torna difícil en el trayecto, señala la mujer que solicita a las autoridades de Salud Pública que les permitan continuar con sus tratamientos sin interrupciones.

Explicó que los pacientes recurren a la compra de medicamentos en Clorinda donde consiguen a costos más bajos pero de todas formas implica un gran gasto ya que deben trasladarse hasta allá o solicitar delivery.

También, los pacientes oncológicos deben recibir una vacuna tras cada sesión de quimioterapia, para subir las defensas, dosis que tampoco están disponibles siempre y cada una tiene un costo de G 300.000 y se requieren en total cinco.

“El 13 de diciembre tengo mi cita y no sabemos si tendrán para mi próxima sesión, ahora no hay entonces tendré que comprar porque si no hago no me curo y no es que se puede suspender las sesiones”, señaló.

“Acá tenemos plazos que cumplir y no podemos depender de lo que ocurra dentro de una semana, y cada paciente es un mundo con el tratamiento y todo lo que hace para llegar hasta el servicio, muchos venimos del interior”, recordó.

Desde el MSP se anunció que desde la próxima semana, la provisión de medicamentos se irá regularizando y que a partir del próximo año las compras las realizarán desde el Hospital con un presupuesto propio asignado que llevará un proceso ordenado de compras.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.