Por LA NACIÓN

Al respecto, Miño explicó a la 650 AM que la empresa ESSA, quien está siendo investigada por las autoridades, había presentado una propuesta de G. 14.500 y esta fue aceptada por la Gobernación de Caazapá, siendo que claramente el MEC recomendaba el precio tendría que ser de G. 13.500. Las otras dos propuestas presentadas fueron de G. 13.500 y G. 13.600″, explicó Miño.

Tras esa adjudicación, ambos concejales comenzaron a investigar más el caso, presentaron una minuta por este tema pero fue archivada por la Comisión de Legislación. Finalmente realizaron la denuncia de este hecho ante la Contraloría General de la República (CGR).

Sus colegas lo sancionaron con una suspensión de 60 días sin goce de sueldo. “Capaz que no les gustó que hayamos hecho esta denuncia y como tienen mayoría, pensaron que quizás con esto nos iban a hacer callar”, agregó el concejal sancionado.

“Seguramente quieren amedrentarnos, y nos dijeron que fuimos a mentir a la CGR, pero tenemos todos los documentos de este caso y además tenemos otros casos de corrupción que hemos venido denunciando, como el caso de administración de provecho propio en contra del gobernador Pedro Alejandro Díaz Verón, quien venía entregando dinero en efectivo a su hermano para la construcción de un polideportivo”, comentó Miño.

“Para aplicar esta sanción, debe existir una mayoría de dos tercios de los votos según el reglamento interno de la Junta Departamental de Caazapá, recientemente aprobado, pero hicieron valer la mayoría simple para sancionarnos”, reclamó.

“La harina no sirve ni para tortilla”

La provisión de estos almuerzos escolares corresponden al periodo 2019-2020 y el monto de lo aprobado ronda los diez mil millones de guaraníes. Con relación a la calidad de lo proveído como servicio, informó que existen muchas informaciones provenientes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). A causa de la pandemia, los almuerzos han sido remplazados por víveres, la mayor parte de mala calidad y con faltantes. “Ni tortilla se puede hacer con esta harina” fue uno de los reclamos que recibieron de algunos padres de alumnos, comentó Rodrigo Miño.

“Caazapá es el departamento más pobre de este país, aquí tenemos indígenas que no pueden ni alimentarse y robarle es muy triste y es una vergüenza”, comentó entre lágrimas y visiblemente afectado el concejal suspendido.

Los víveres no contenían todos los productos

El concejal Wilson López, también se comunicó con el programa radial y comentó que la gente de su departamento aún no sale de su asombro y no puede creer que hayan sido suspendidos en sus funciones por realizar una denuncia de un caso de sobrefacturación.

“Fuimos suspendidos por mal desempeño de nuestras funciones, pero ni nosotros entendemos el motivo”, explicó el sorprendido López. Comenta que habían solicitado una auditoría a sus colegas pero el pedido fue archivado. Con respecto a la entrega de víveres o kits, explicó que estos debían pesar 29 kilogramos pero la mayoría de ellos ni llegaban a 25 kilogramos, por lo que no contenían todos los productos que figuraba en el acta de entrega.

La empresa proveedora recibe un pedido de 200 kits y entrega esa cantidad pero nadie controla la entrega, por lo que hace responsable también a los directores, aunque no cree que sean cómplices de la empresa vinculada al imputado Senador Rodolfo Friedmann.

López cuenta que tomó un kit proveído por la empresa ESSA, y fue a comparar los precios en los comercios del departamento y el total de los productos que contenían uno de los kits, le costó G. 128.800, mientras que la Gobernación pagó por el mismo, G. 290.000.

Ambos concejales adelantaron que accionara judicialmente contra esta disposición, que consideran arbitraria e ilegal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.