El abogado Pedro Ovelar, representante del Grupo Cartes, respondió a las autoridades nacionales que denunciaron presuntas inconsistencias en los documentos presentados por TABESA respecto a las mercaderías exportadas a Aruba por el avión iraní, según documentación de dicho país.

En ese sentido, en conferencia de prensa, Ovelar expuso que no hay un hecho ilícito en la exportación de Aruba. Dejó en claro que no existió lavado de dinero, producción de documentos no auténticos, financiamiento de terrorismo o evasión de impuestos. “No existe ningún tipo de irregularidad, todos los pagos se hicieron vía bancaria. Tabesa recibió vía banco Nacional de Fomento”, dijo.

El letrado aclaró que existe una única factura declarada ante Aduana, que representa la exportación de 7000 cajas de cigarrillos. “Hay una factura, que es la única válida, que fue la presentada a la Aduana, y en el sistema Hechauka”, agregó.

Explicó que inicialmente se hizo una factura, pero que esta fue anulada por cambios en el acuerdo de la venta. Ahora es esta factura anulada la que está siendo presentada por las autoridades paraguayas, pese a que la misma no está vigente.

“La primera operación que se pactó con la empresa de Aruba fue por vía marítima y luego en el correr de los días, el comprador final dijo que iba a ser por vía aérea, entonces se sustituyó por vía aérea. La factura que están presentando no es la correcta, se utilizó equivocadamente en Aruba para ingresar las mercaderías. En las exportaciones, no es necesario anular cuando se cambia una factura por algún error o cambio”, expuso.

Sostuvo que todo se hizo vía bancaria, siendo esto un importante mecanismo de control, y el único pago al contado que figura en los documentos es por el tributo por el ingreso de la mercadería a Aruba (que por cierto fue de cero guaraníes al no existir impuesto allí pero que igualmente debía constar en la factura). “No existe declaración que se haya pagado en efectivo por esa mercadería, tanto en Paraguay como en Aruba”, agregó.

Cuestionó que instituciones públicas – usurpando funciones propias del Ministerio Público – equivocadamente presentan una situación legal como si se tratara de hechos punibles, buscando dañar la imagen de la empresa y sus accionistas, entre ellos el expresidente Horacio Cartes. “La finalidad de la conferencia hecha (por Aduanas y demás entes) fue la de oscurecer el tema y no aclarar nada”, indicó.

Ovelar remarcó que el Ministerio Público cuenta con toda la documentación respecto a la comercialización de los cigarrillos vendidos a Aruba y que fueron trasportados en el avión venezolano-iraní.

“La mercadería nunca fue vía marítima, sí se pactó inicialmente que iba a ir por agua y se hizo la factura por vía marítima, pero luego el comprador final avisó que consiguió un vuelo para ir a traer la mercadería. Entonces se anuló al primera factura y se procedió a hacer otra. El número de timbrado es uno solo. No hay una contingencia tributaria formal ni impositiva en cuanto a alguna evasión de tributos”, reiteró Ovelar.

Finalmente dijo que ahora la empresa se pondrá a disposición de Aduanas para aclarar la situación, y condenó que las autoridades hayan presentado una versión que no corresponde a la verdad.

CONFERENCIA EN ADUANAS

En conferencia de prensa realizada en Aduanas, Federico Hetter, ministro Anticorrupción, expuso presuntas inconsistencias en los documentos presentados por la empresa Tabesa respecto a las mercaderías exportadas a Aruba a través del avión venezolano-iraní, ya que al parecer fueron clonados al ser presentados en Aruba.

La autoridad dijo que al analizar la factura expedida por la mencionada firma, en cuanto a su número de timbrado y razón social, constataron que existe otra factura con el mismo número pero que contiene datos que difieren a los presentados ante la Aduana paraguaya.

En ese sentido Hetter dijo que se obtuvieron los documentos presentados ante la Aduana de Aruba, los cuales difieren a los que obran en la Aduana de Paraguay.

Entre las inconsistencias detectadas figuran las siguientes: no coincide el medio de transporte (en Paraguay se colocó vía aérea y en Aruba, marítima), la fecha de la factura, el monto de la operación (hay diferencias en el monto consignado y el transferido), la forma del pago (en Paraguay se colocó transferencia bancaria y en Aruba, dinero en efectivo), y la modalidad del envío, de acuerdo con la autoridad.

Federico Hetter dijo no saber quién fue el que contrató el servicio del avión iraní. Sí dejó en claro que la mercadería transportada (cigarrillos) coincide en ambas facturas. Al respecto, Pedro Ovelar respondió que fue el comprador final quien contrató el servicio del avión.

Anticorrupción y Aduanas pidieron la participación de la Fiscalía y la Seprelad ante las supuestas inconsistencias detectadas. “No estamos en condiciones de atribuir responsabilidades. Sí, individualizamos a quienes intervienen en la operación. La voluntad del Gobierno es esclarecer estos hechos que han tenido impacto a nivel regional”, dijo a su vez el ministro René Fernández, de Seprelad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.