Hernán Huttemann, asesor jurídico de la Presidencia de la República, aclaró que pese a los cambios que preparan en la ley del uso obligatorio de mascarillas, la normativa aun así ya está vigente desde ayer viernes.

La legislación establece que todos los que circulen por el territorio nacional o concurran a lugares públicos o privados deberán utilizar los barbijos.

En los espacios cerrados como restaurantes, gimnasios, establecimientos de salud, iglesias y centros comerciales la utilización es en todo momento, excepto durante la práctica de ejercicios físicos o al momento de comer.

En los sitios abiertos, el uso es obligatorio solamente cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros entre personas.

LAS INCOHERENCIAS QUE VE EL EJECUTIVO

Hutteman explicó a Gen que las sanciones que estipula la ley solamente van para los propietarios de los locales y no para la persona que incumple con el uso del tapabocas, algo que consideran debe ser equiparado.

Otro aspecto a corregir es el punto que expresa que todas las personas en un ambiente cerrado para cualquier actividad donde se reúnan más de cinco participantes deben usar mascarillas, algo que para Hutteman implicaría que incluso los miembros de una casa deben utilizarlo, algo que en la práctica es innecesario cuando pertenecen a un mismo núcleo.

A esto se suma el conflicto con los municipios que figuran como la autoridad de aplicación en coordinación con la Policía Nacional, sin embargo, no hubo conversación previa con ellos para la sanción de la ley.

Las municipalidad deberán trabajar en la reglamentación de la normativa para determinar cómo lleva a cabo sus intervenciones.

“Por eso estamos elaborando un nuevo proyecto que corrija esto, la reglamentación no puede contradecir a la ley”, contó Hutteman y adelantó que esperan concluirlo en los próximos días para presentarlo a más tardar la próxima semana.

En cuanto a las multas, Hutteman reconoció que un aspecto muy cuestionado del proyecto es que pueda prestarse a la corrupción, por lo tanto, tratarán de que las multas sean justas.

“Estamos trabajando sobre el régimen de sanciones, mirando cuáles son los montos de sanciones que se aplican, después vamos a ver cómo están descritas porque en la ley hay ciertas contradicciones que conviene aclarar”, afirmó.

POR QUÉ NO VETARON

Ante la consulta de por qué el Ejecutivo no vetó la ley en lugar de promulgarla para luego presentar un nuevo proyecto con varias modificaciones, el asesor jurídico respondió que el mensaje que se iba a enviar a la ciudadano con el veto hubiera sido contraproducente,.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.