Juan Carlos Almirón, síndico de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), comentó a la 650 AM que presentaron denuncia contra Arístides Morales, quien había declarado en el año 2010 ante el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones (CONATEL) que la asociación solo cuenta con 510 móviles o taxis, falseando la información a una institución del Estado, a fin de abonar menos por el pago de la tasa comercial por uso del espectro radioeléctrico.

Esta declaración la mantienen hasta la fecha pese a que el gremio cuenta con una mayor cantidad de móviles de lo aseverado, más de 900 unidades. Indicó que la A.P.T.A. cobra a sus 900 socios una cuota por el costo operativo, unos 35.000 guaraníes por mes, más la suma de 160.000 guaraníes anual por la licencia, expidiendo para estos pagos simples recibos de dinero, cuando debería entregar una factura legal, explicó.

Los denunciantes son Sebastián Dávalos Quintana, José Adalberto Larrosa, Nazario Ríos González, José Vera, Ramón Flecha, Carlos Caballero, miembros de la Comisión directiva de la Asociación de profesionales taxistas de Asunción –A.P.T.A- y Juan Carlos Almirón, síndico titular del mencionado gremio, bajo el patrocinio de los abogados Hugo López y Felipe López.

Destacó que los nombrados están suspendidos en el uso del sistema de taxi radio, “por querer velar por los intereses de todos los compañeros, lo que nos perjudica enormemente por la inseguridad en el país. El sistema, muchas veces nos ayudó para atender soluciones difíciles en el gremio, como asaltos, accidentes, enfermedad, en horas de trabajo”.

Dijo que “hubo irregularidades, específicamente en lo concerniente a la CONATEL, que es un órgano del Estado, donde la institución tiene una base taxi radio la que estaba adeudando los aranceles correspondientes y el canon del 1 % por uso del espectro radioeléctrico”.

Arístides Morales había judicializado dicho pago del canon por “la sencilla razón de que el sostenía de que el ente regulador quería cobrar sobre el global del balance anual de nuestra institución, hecho que no era verdad porque el canon del cobro, un 1% por uso del espectro radioeléctrico, que se basaba en un cobro que la asociación reclamaba a los asociados por la cantidad de móviles”.

“Acá hubo un daño patrimonial de unos 180 millones de guaraníes que estamos abonando en concepto de intereses. Lo malo de todo esto es que a raíz de esta judicialización en nuestros balances se estaban provisionando los pagos para Conatel, cosa que hoy en día no existen en nuestros balances, o sea en nuestras cuentas corrientes. Solo existen en los papeles”, aclaró.

Aseguró que Morales hizo una entrega de 120 millones de guaraníes y el resto lo financió con el ente estatal y por lo que la deuda se extendió por otros cuatro años.

En otro momento, comentó que desde el 2009 Morales está en el cargo de presidente. “Hace tiempo se empotró en la organización y quiere manejarla como un boliche suyo. Es una persona, no sé si astuta, pero sí que sabe mentir a la gente. Muchos compañeros no quieren meterse en cosas delicadas por como estas denuncias. Maneja de una forma dictatorial la institución”, aseveró.

El denunciante comentó también que cuando a Arístides Morales no le gusta o no congenia con una persona, simplemente la destituye.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.