Este hecho coincide con las denuncias acerca de las ausen­cias de voluntarios, realizadas por usuarios en redes sociales. Reiteró que el censo era de vital importancia para “evidencias políticas públicas, pero a medida que transcurrían las horas apa­recían toneladas de denuncias por parte de la ciudadanía en todo el proceso del censo”.

El senador del PLRA Salyn Buzarquis no dudó en afirmar durante su exposición ante la Cámara de Senadores que este censo ha sido un “negociado, un plata je’u realmente” y coinci­dió con su colega del Partido Patria Querida, en cuando a la indignación por la ausencia del presidente Mario Abdo, en pleno censo nacional.

También el senador del Frente Guasu Hugo Richer, se sumó a los reclamos a Abdo por su notoria ausencia “mientras se llamaba a la gente a quedarse en sus casas y a colaborar con los censistas”. Criticó al entono presidencial por no asesorarlo en este caso. “Me llama la aten­ción que el entorno no le haya dicho, presidente, es impor­tante que usted se quede acá”.

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CRITICAN A LA GAVILLA

Luego del fracaso del Censo de Población y Viviendas 2022, para el economista y precandidato a senador por el movimiento Honor Colorado Gustavo Leite quedó al desnudo que este gobierno está caracteri­zado por gente improvisada. “Esta es una gavilla que entró netamente para beneficiarse; lo hicieron en pandemia con la economía, y ahora lo hacen con el censo”, expresó para La Nación/Nación Media.

Añadió que nuevamente es la ciudadanía la que terminará por pagar el millonario prés­tamo realizado para llevar a cabo un censo sin los resul­tados esperados. Mientras la población permanecía ence­rrada, acatando las normas establecidas para recibir a los censistas, el Gobierno a tra­vés de su máximo represen­tante no demostró el mínimo respeto ante el desarrollo de un censo que al final sirvió para despilfarrar dinero, de la misma manera en que se hizo durante la pandemia, lamentó.

Para el economista, tener datos fiables sobre la reali­dad paraguaya resulta fun­damental para las políticas públicas, pero después del fracaso dejado por el censo se contarán con datos maquilla­dos y, en el peor de los casos, los datos incluso pueden ser reales, pero no contarán con la suficiente confianza de la ciudadanía.

“Creo que la gran mayoría de la ciudadanía nos sentimos indignados porque si estába­mos todos encerrados, el pre­sidente de la República debía haber estado en el país. Pienso que él, a su estilo, ya sabía que este censo sería un desastre y se mandó mudar para no afron­tar los problemas venideros, y de paso, festejar su cumplea­ños por Europa”, subrayó Leite.

El economista resaltó que, en términos de costo para la eco­nomía, si se hace el cálculo de que el mismo mide US$ 40 mil millones, alrededor de US$ 100 millones alcanza la pérdida del país por un día en el cual paró, lo cual se dio sin ninguna jus­tificación porque el censo no se desarrolló con el éxito espe­rado. También puntualizó que los US$ 43 millones que costó la recopilación de datos no fue­ron bien invertidos y desde el propio Instituto Nacional de Estadística reconocieron su ineficacia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.