La fiscal Carolina Martínez imputó a una mujer por el presunto abuso sexual de su hijastro de 11 años y solicitó la prisión preventiva de la misma.

Un hombre denunció a su pareja por supuestamente haber violentado sexualmente contra su hijo de 11 años, quien es el hijastro de la mujer. El hecho habría ocurrido en el domicilio del denunciante, ubicado en la ciudad de Capiatá.

Según la denuncia, el menor se encontraba en el domicilio de su padre quien estaba en compañía de su pareja y una menor de 7 años de edad, quien seria hija de la sindicada. La presunta autora del hecho se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, ya en en horas de la tarde el padre del menor salió del lugar, dejando al cuidado de la mencionada a los menores. En un momento dado, la niña de 7 años quedó dormida siendo aprovechada esta circunstancia por la sospechosa para abusar de su hijastro. Le invitó a que se acueste con ella en la cama de su padre, el menor accedió y se acostó a su lado. La mujer procedió a manosearlo en sus partes íntimas, y abusar de él, de acuerdo con la denuncia.

En charla con el canal GEN – Nación Media, la investigadora ahondó que al padre comenzó a notar una conducta muy extraña en su hijo y que comenzó a indagar qué pasaba con el mismo, para ello agarró su celular y pilló que recibía muchos mensajes comprometedores de su pareja, la madrastra del niño.

“Ella enviaba mensajes de texto y audios de contenido sexual al niño”, reveló la agente fiscal.

A raíz de esto, el padre habló con el niño, pero este se mostró muy temeroso para contar lo que estaba pasando. Recién con su madre relató todos los pormenores que estaba sufriendo.

El niño tiene un régimen de convivencia compartida, por lo que iba tanto a la casa del padre y de la madre. Esto presuntamente fue aprovechado por la madrastra para cometer el hecho.

Ante indicios suficientes de sospecha, la Fiscalía ordenó la detención de la sindicada quien fue puesta a disposición en sede fiscal por personales policiales y ante elementos de prueba para sustentar imputación la fiscal incursó la conducta de la misma como hecho punible de abuso sexual en niños, teniendo en cuenta el contenido de la denuncia, la declaración testimonial del padre de la victima, declaración testifical de la madre de la víctima, imágenes de capturas de pantalla de conversaciones entre el menor y la sindicada, además de audios que el menor le había enviado a la sindicada, los cuales coinciden plenamente con el relato de los hechos por los padres del menor, como así también los demás elementos obrantes en el cuaderno fiscal se presentó imputación solicitando la representante fiscal la aplicación de la Prisión preventiva.

El menor fue asistido y contenido en El Centro de Atención a víctimas el mismo día de la denuncia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.