La iniciativa tiene por objeto articular acciones para el abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social.

Apunta a todas aquellas personas usuarias de sustancias psicoactivas, afectadas por esta problemática.

La declaración de emergencia nacional y las acciones que de ella deriven, tendrían una vigencia de tres años, a partir de la eventual promulgación de la norma.

En su carácter de titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, el diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), señaló que la entrada en vigencia de esta herramienta legal es necesaria, considerando el avance incontenible del número de personas que caen en las adicciones, y por sobre todo, por los efectos negativos que generan a quienes las consumen.

Señaló que el documento, establece como órganos de ejecución al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD); y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para que elaboren, pongan en vigencia e implementen acciones destinadas a hacer frente a la emergencia en materia de adicciones.

“Para ello también se le instruye a todos los organismos o entidades públicas, entes autónomos, autárquicos y a las entidades de la administración pública descentralizada, a colaborar con los órganos de ejecución”, indicó.

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A iniciativa del legislador se introdujo en el artículo 9º, una modificación para permitir el funcionamiento de un concejo con el fin de gestionar los recursos a ser destinados al fortalecimiento institucional del Centro Nacional de Control de Adicciones, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, así como el funcionamiento de los proyectos a ser implementados en el marco del objeto de la presente ley.

Para la parlamentaria Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), titular de la Comisión de Equidad Social y Género, es menester la aprobación de la iniciativa y mencionó que, desde el ente asesor, se adhiere a todos los argumentos esbozados por el congresista Ibarrola.

“Hay experiencias que sustentan este proyecto; lastimosamente, estamos al tanto como ha crecido, exponencialmente, la oferta y la demanda de drogas en el Paraguay”, lamentó.

También la presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), apoyó la aprobación del documento. “A diario se ven a jóvenes, incluso, a familias enteras, hundirse en las adicciones; con esta propuesta legislativa se estará ayudando, sobremanera, para la disminución de dicho flagelo”, significó.

En base al dictamen de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, fue aprobado el proyecto y se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.