El comisario Benicio Ramírez, jefe del departamento de Homicidios de la Policía, dio a conocer más detalles de la confesión que hizo Bruno Marabel en la comisaría. En charla con la 970 AM mencionó que el joven trabajó normalmente hasta la medianoche del 1 de octubre en el puesto de comidas rápidas (Burger King – Palma), local que tuvo que limpiar y luego cerrar; luego fue a asesinar a toda la familia.

Conforme al dato brindado por el uniformado, el autor confeso señaló que a la 01:00 de la madrugada del 2 de octubre salió de su trabajo y se dirigió a la vivienda donde estaban Dalma Rojas, sus dos hijos pequeños (de una anterior relación), su madre Elva Rodas y su padrastro Julio Rojas.

Bruno no contó el motivo que lo llevó a cometer tan drástica decisión de acabar con la vida de las cinco personas y tampoco por qué lo hizo con tanta saña, especialmente contra los más pequeños, atendiendo que una de las pequeñas víctimas fue estrangulada y luego apuñalada en 17 partes ya post mortem.

Tras esto, el joven salió de la casa y deambuló por las calles del microcentro a bordo de su motocicleta hasta que amaneció. El comisario no precisó dónde se refugió en los dos días posteriores al crimen, pero sí contó que al tercer día decidió volver a la vivienda en cuestión.

LLEVÓ A SU AMANTE PORQUE NO PODÍA DORMIR

Como “no podía dormir solo” entonces llevó al sitio a su “novia” Alba Rosalía Armoa Núñez (18), quien en realidad era su amante y está imputada en calidad de cómplice. La fiscal del caso Esmilda Álvarez contó que existe un certificado de matrimonio de Bruno Marabel y Dalma Rojas, que comprueba que la pareja se casó el pasado mes de enero en la ciudad de Itá, ciudad natal del sospechoso.

“Puedo afirmar (que eran esposos) porque tengo el certificado de matrimonio, tampoco hubo separación ni ruptura ni nada. Al contrario, él era el marido y vivía en esa casa en esa calidad. Una vez que la esposa desaparece de la escena (muere), la señorita Alba va a la casa en calidad de una amiga más cercana, a no olvidar que fue la persona con la que él pretendió fugarse del país”, refirió la representante del Ministerio Público a la 650 AM.

Al respecto el comisario Ramírez indicó que el investigado no dijo en ningún momento en su charla con los policías que estuviera casado con Dalma. Lo que sí manifestó fue que hace dos años estaban juntos. Tampoco mencionó que estuvieran separados. El entrevistado añadió que ahora están abocados a investigar la autenticidad del documento hallado en la vivienda sobre el matrimonio.

BRUNO VOLVIÓ A SU RUTINA

Bruno Marabel iba normalmente a su puesto laboral tras la matanza, como si nada hubiera pasado, mientras los cadáveres de los fallecidos comenzaban a descomponerse en la vivienda donde él iba a descansar cada noche.

A una semana del hecho, inclusive el joven invitó a sus compañeros de trabajo para cenar y luego compartir en la casa una noche de karaoke. Se trata de los hermanos María Araceli Sosa Díaz (22) y Marcelo Gabriel Sosa Díaz (23), quienes también están imputados en calidad de cómplices.

El comisario mencionó que tanto la novia, como la compañera y el hermano de esta dijeron que no percibieron nada macabro en la vivienda, pero sí que había un olor desagradable y sangre en varias partes de la casa. Le preguntaron a Bruno el motivo de esa situación y él les manifestó que la perra, a quien la tenía en pésimas condiciones, tuvo recientemente sus crías. Todos manifestaron que les llamó la atención que el sospechoso tenía un desodorante de ambiente en la mano rociando el contenido a cada rato.

Así también le preguntaron dónde estaba el resto de la familia. Bruno atinó a responder que habían viajado a otro país y que regresarían dentro de 15 días.

LA CARTA: “ESTOY DESTROZADA”

Una de las procesadas, la joven María Araceli, quien era compañera de trabajo de Bruno, escribió una carta en un papel higiénico que le entregaron en la comisaría para exponer su versión a la opinión pública.

En su escrito, mencionó que conoció hace tres meses a su compañero de trabajo y confirmó que estuvo en la casa del horror, pero que allí solo olió el hedor del orín del can.

“Estoy muy destrozada al igual que todo el Paraguay. Soy madre y padre de una niña de cuatro años, misma edad que uno de los angelitos inocentes que cayó en poder de este loco, psicópata, a quien consideré mi amigo. Pueden preguntar a mis padres o vecinos si llegué a pegar o maltratar a mi hija, yo ni puedo hablarle fuerte a mi hija”, refirió.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.